El irrespeto a derechos civiles y políticos de ciudadanos que están tras las rejas y de otros con régimen de libertad condicional; el cierre de emisoras de radio; la expulsión de la Misión de la ONU; la suspensión del canal alemán de televisión DW, así como amenazas permanentes, son algunas de las alertas realizadas por organizaciones pro-derechos humanos, en el contexto de este año electoral en Venezuela. El propósito de esas acciones, en opinión de los activistas Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui, consiste en “generar miedo”.

03/16/2024. Para Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), la experiencia de los últimos años ha demostrado que quienes están en el poder “usan la represión como una forma de sacar del paso a dirigentes con capacidad de convocatoria y que en un proceso electoral puedan estimular el voto opositor”.

Es muy importante para las autoridades intentar disuadir el voto en contra y dividir a sus contrarios, enfatizó Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, quien coincidió en que las organizaciones de derechos humanos venían advirtiendo “que en la medida que se acercara el momento electoral, iba a aumentar la persecución, hostigamiento, criminalización de líderes políticos y sociales. Un patrón diagnosticado en procesos anteriores”.

Alvarado recuerda que la represión reciente tras los resultados de las primarias en octubre, se afianzó en enero la cual no solo ocurre con las cabezas más visibles de la oposición, sino que abarca a líderes comunitarios.

Habló de la presencia de los colectivos (organización paramilitar integrada por civiles en algunos casos con historial delictivo que responden al régimen) “usados una vez más como instrumento de represión para hostigar, perseguir y detener”.

En Barinas, al oeste del país, detuvieron a otro miembro de Vente Venezuela, plataforma que encabeza la líder opositora María Corina Machado. Emill Brandt será imputado por su supuesta participación en planes conspirativos.

Cuatro directores de comando de campaña de la candidata elegida en elecciones primarias por la oposición han sido detenidos entre enero y marzo de 2024. EEUU y otros países han exigido su liberación inmediata.

En Charallave, estado Miranda, a media hora de Caracas, los llamados colectivos agredieron en febrero a partidarios de María Corina Machado, hiriendo a seis de ellos. Esto ha sido reiterativo. Además, el régimen ha venido judicializando a familiares de adversarios políticos.

Así ocurrió con Víctor Venegas, dirigente magisterial que organizaba protestas en demanda de mejoras salariales en el estado Barinas (ubicado al este del país), que fue llevado a prisión bajo acusaciones de terrorismo, por lo que también detuvieron a un hermano. Ambos excarcelados bajo libertad condicional.

De igual manera ocurre con el caso de la activista Rocío San Miguel quien fue detenida con algunos de sus familiares. Aún mantienen preso al exesposo, acusado de conspiración, por lo mismo que acusan a San Miguel.

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Alto costo político

La decisión de detener a la activista Rocío San Miguel y días después expulsar el equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas “constituyeron un autogol para el gobierno, un costo político muy alto”, acotó Alvarado.

Sin embargo, le genera una preocupación y es que pareciera que “el gobierno en su fórmula de reprimir ya le está importando cada vez menos la opinión de la comunidad internacional y los efectos negativos que su imagen tenga”. Para el sociólogo Rafael Uzcátegui “el gobierno está priorizando el mantenimiento del poder por sobre la valoración internacional”.

“Esta expulsión de los oficiales de la ONU tiene un alto costo político y hemos visto a algunos de los tradicionales aliados expresar sus críticas como Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y la propia Michelle Bachelet, exalta Comisionada de las ONU para los DDHH. Pero se está perdiendo el miedo a lo que diga la comunidad internacional y esto nos puede ubicar en el inicio de un escenario similar al de Nicaragua”, refirió Uzcátegui.

Jugando con candela

En opinión de Alvarado “este tipo de actuaciones amplían el expediente de la Corte Penal Internacional (CPI). Creo que el Gobierno está jugando con candela. Los que ya están señalados por la Misión de Determinación de Hechos como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad amplían su expediente. Y los nuevos integrantes de las estructuras represivas pudieran ser incorporados en la investigación de la CPI”, apuntó el abogado Alvarado.

Uzcátegui puntualizó que “el avance de la investigación de la Corte Penal Internacional ha hecho que estas denuncias sobre crímenes de lesa humanidad, sean de alta sensibilidad y eso está originando reacciones como la expulsión de los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas cuando corroboraron la desaparición forzosa de Rocío San Miguel.

Marino Alvarado prevé que “pudiéramos tener una situación de sanciones administrativas o cierres de más medios y un mayor hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil.”

Un reportaje del medio alemán Deutsche Welle (DW) contra Nicolás Maduro, provocó la ira del régimen y por orden ejecutiva se prohibió la difusión de ese canal internacional. De igual manera en el país se han cerrado 9 emisoras de radio en lo que va de año, según la ONG Espacio Público.

Terrorismo o traición

El régimen detiene a activistas bajo acusaciones de terrorismo o traición a la patria y también a ciudadanos comunes como ocurrió con la persona que grabó con su teléfono a Alex Saab en la Isla de Margarita, en el oriente del país. Saab es un empresario colombiano señalado como presunto testaferro de Maduro.

Carlos Salazar Lárez, ingeniero que grabó a Saab de compras en la Isla de Margarita, fue detenido. Después de varios días desaparecido fue hallado en El Helicoide, prisión de los servicios de seguridad del régimen, ubicada en Caracas, destinada a políticos. Hasta el momento no se sabe de él.

Los seis sindicalistas que organizaban protestas en el sector de los trabajadores de la salud en demanda de mejoras salariales, sentenciados a 16 años de prisión bajo acusaciones de traición a la patria fueron excarcelados con régimen de libertad condicional.

Una cacería por supuesta conspiración

El 22 de enero, el Ministerio Público anunció el arresto de 32 personas, “civiles y militares”, acusados de organizar una conspiración para deponer o asesinar a Maduro. Y en ese momento comenzó una cacería, poco después de firmados los Acuerdos de Barbados y la liberación de Alex Saab por parte de EEUU.

En este contexto, por ejemplo, se acusa a Ányelo Julio Heredia de formar parte de la supuesta trama conspirativa “Brazalete Blanco”. A casi dos meses de su detención, la familia no ha recibido noticias de él.

Heredia fue detenido el 14 de diciembre de 2023 cuando intentaba pasar por una trocha, desde Colombia a territorio venezolano en compañía del teniente Ronal Ojeda Moreno, éste último logró huir a Chile, país en el cual pidió asilo, en donde fue secuestrado y posteriormente asesinado. Los familiares llevan su caso a la Corte Penal Internacional, engrosando así el expediente contra el régimen de Maduro ante ese organismo.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de diariolasamericas.com