Colombia ha decidido tomar la iniciativa cartográfica. El Gobierno nacional anunció que el próximo 30 de noviembre de 2026 promulgará un decreto oficial para fijar con coordenadas geográficas precisas las líneas de base marítimas alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, abriendo un nuevo capítulo en la prolongada controversia territorial con Nicaragua.
10/19/2026.
Un giro soberano tras décadas de indefinición
El anuncio, realizado por el presidente Abelardo De la Espriella durante los actos conmemorativos del archipiélago, busca saldar una deuda jurídica pendiente desde la aprobación de la Ley 10 de 1978. Aunque en su momento Colombia delimitó las aguas correspondientes a su territorio continental, el trazado exacto en torno a las islas e islotes insulares permaneció guardado en los tinteros diplomáticos por casi cinco décadas.
La decisión busca agrupar la totalidad de islas, cayos y arrecifes bajo el concepto de unidad insular e indivisible, fijando las 12 millas náuticas de mar territorial desde puntos de base contiguos.
«Colombia es soberana y hará respetar lo que le pertenece. No cedemos una milla náutica, no cedemos un arrecife y no abandonamos a nuestros pescadores», enfatizó el mandatario colombiano al justificar la medida.
El trasfondo de La Haya: de 2012 a 2026
La medida colombiana reaviva el complejo escenario abierto tras la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya del 19 de noviembre de 2012. En aquel fallo, el tribunal ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas principales y siete cayos en disputa (Alburquerque, Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana, Serranilla y Cayo del Este Sudeste), pero rediseñó la frontera marítima otorgándole a Nicaragua derechos económicos sobre cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de zona marina.
A pesar de que en julio de 2023 la misma CIJ le dio la razón a Colombia al rechazar la pretensión de Managua de extender su plataforma continental sobre las 200 millas colombianas, el cumplimiento del fallo de 2012 ha sido punto de discordia entre ambas naciones.
Desde el gabinete colombiano, la posición oficial se ha endurecido. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo tajantemente que «el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad», argumentando que la delimitación por decreto es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de los pescadores artesanales raizales y asegurar la soberanía integral de la reserva marina Seaflower.
Tensión en aguas del Caribe
La publicación formal de las nuevas cartas náuticas oficiales de Colombia a finales de noviembre genera expectativa en las Cancillerías de la región. Al cartografiar el entorno insular como un archipiélago continuo, Bogotá busca consolidar su presencia efectiva y defensiva en aguas del Caribe, al tiempo que Managua evalúa el alcance legal de la medida frente a los tratados internacionales.
Con este paso, Colombia reafirma que la soberanía no solo se defiende en los estrados judiciales internacionales, sino también en el trazado de sus cartas náuticas y en la protección diaria de sus mares.
Redacción equipo DHHJ sobre lectura de medios
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