Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Daniel Noboa, en la que señala que ha encontrado evidencias de violaciones a derechos humanos tras la declaratoria del conflicto armado interno.

05/22/2024. Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Daniel Noboa, en la que señala que ha encontrado evidencias de violaciones a derechos humanos tras la declaratoria del conflicto armado interno.

La organización Human Rights Watch (HRW) emitió una carta al presidente Daniel Noboa sobre el conflicto armado interno, declarado el pasado 9 de enero de 2024.

Esta carta, firmada el 22 de mayo de 2024, la organización internacional resume las conclusiones y recomendaciones desde el anuncio del conflicto armado interno, incluyendo evidencias de violaciones de derechos humanos.

El documento está firmado por Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas. Por un lado, Human Rights Watch cuestiona la existencia de un conflicto armado interno.

Tras analizar el decreto ejecutivo, los informes policiales y revisar información de entidades gubernamentales, la organización concluye que el gobierno de Ecuador «no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada«.

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Evidencias de violaciones a derechos humanos

Además, señala que desde el 9 de enero, HRW «ha documentado múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad».

«Las violaciones de derechos incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura», detalla la carta. 

Sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, HRW asegura que «los militares han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».

Cuestiona la eficacia de las medidas adoptadas

La carta señala que los avances para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos «han sido limitados».

«De las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo solo haber recibido 494 noticias del delito», detalla el documento.  

Eso significa que, aparentemente, muchas personas «nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos».

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