Irán acusa a Israel y EE.UU. ante la ONU y exige indemnización por acto de agresión

Sayyed Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha enviado una carta contundente al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exigiendo que Israel y Estados Unidos sean reconocidos como los iniciadores de un «acto de agresión» contra su país. Teherán no solo busca que se les responsabilice, sino que también demanda el pago de compensaciones y la reparación de los daños causados.

06/29/2025. La misiva, basada en una comunicación previa del 13 de junio de 2025, detalla una serie de ataques «deliberados» y «flagrantes» contra la República Islámica de Irán ocurridos entre el 13 y el 24 de junio de 2025. Según la carta, estos ataques han violado «de forma flagrante» el Artículo 2, Párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, y se reporta que numerosas residencias, civiles e infraestructuras civiles fueron blanco de los ataques.

La denuncia se agrava con la revelación de que varios hospitales y centros de ayuda humanitaria fueron atacados, lo que constituye una «grave violación del derecho internacional humanitario». Además, se afirma que instalaciones energéticas fueron asaltadas con el objetivo de «interrumpir la vida diaria de los civiles». Uno de los puntos más críticos de la acusación es que las instalaciones nucleares bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las ciudades de Qom, Arak, Natanz e Isfahán también fueron «blanco de ataques» por parte de Israel y Estados Unidos. Esto es calificado como una «violación flagrante» de la Carta de la ONU, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), documentos y resoluciones del OIEA.

La carta enumera una serie de normas fundamentales del derecho internacional supuestamente violadas por estos ataques unilaterales:

• Derecho a la vida (Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
• Prohibición internacional del uso de la fuerza (Artículo 2, Párrafo 4 de la Carta de la ONU y derecho internacional consuetudinario), que tiene carácter de norma imperativa.
• Prohibición de la agresión (Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, 1974).
• Obligación de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
• Obligación de respetar la soberanía de otro Estado.
• Derecho del pueblo iraní a la autodeterminación (Artículo 1, Párrafo 2 de la Carta de la ONU y Artículo 1 común de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos).

La República Islámica de Irán subraya que un «número considerable» de Estados miembros de la ONU y organizaciones regionales e internacionales ya han «condenado en los términos más enérgicos» estos ataques y los han calificado como una «grave violación de la Carta de las Naciones Unidas». Entre ellos se mencionan el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de Cooperación de Shanghái, el grupo BRICS, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Organización de Cooperación Islámica.

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Araghchi insiste en que es «esencial e innegable» que el Consejo de Seguridad cumpla con su «responsabilidad primordial» de mantener la paz y la seguridad internacionales, que le ha sido encomendada por el Artículo 24, Párrafo 1 de la Carta. Por ello, se solicita formalmente que el Consejo de Seguridad determine «la existencia de un acto de agresión» por parte de Israel contra la soberanía e integridad territorial de Irán.

La carta también exige que el Consejo de Seguridad «responsabilice a los perpetradores de esta agresión» y «prevenga la recurrencia de tales crímenes atroces y altamente peligrosos» para así cumplir con su deber de preservar la paz y la seguridad internacionales. Se destaca que los líderes políticos y militares que ordenan actos de agresión tienen «responsabilidad penal individual» por el crimen internacional de agresión, según el derecho internacional consuetudinario. Irán advierte que ignorar estos actos y sus consecuencias legales «socavaría seriamente la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas», crearía una «amenaza real contra el Estado de derecho en la esfera internacional» y conduciría a la «anarquía en las futuras relaciones internacionales» en la región y la comunidad global.

La misiva concluye con la solicitud de que la comunicación sea distribuida como documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Redacción DHH sobre lectura de hamshahrionline.ir