La aerolínea española Plus Ultra se encuentra una vez más en el ojo del huracán, no solo por haber recibido un polémico rescate de 53 millones de euros ($63 millones de dólares) por parte del gobierno español, sino por la profunda red de conexiones que sus accionistas mantienen con figuras clave del régimen de Nicolás Maduro. La controversia, que ha escalado hasta investigaciones por presunto blanqueo de capitales, pone en relieve cómo fondos públicos destinados a empresas «estratégicas» terminaron en una compañía con supuestos nexos con la corrupción venezolana.
La investigación de Vozpópuli reveló que los principales accionistas de Plus Ultra están vinculados a personalidades como Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Específicamente, el 47,23% del capital de la aerolínea está en manos de Snip Aviation, una sociedad cuyos dueños son tres ciudadanos venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.
El hilo invisible hacia el chavismo
Estos tres empresarios venezolanos estarían relacionados con Camilo Ibrahim Issa, un empresario árabe-venezolano que reside en Venezuela y mantiene presuntos lazos directos con Delcy Rodríguez y Cilia Flores. Las conexiones con el chavismo no son recientes; una investigación previa de 2018 ya detallaba una alianza de la aerolínea con inversionistas venezolanos asociados al grupo empresarial de Ibrahim Issa.
De hecho, la presencia de estos inversionistas fue clave en la decisión de Plus Ultra de volar hacia Venezuela, a pesar de que el país atraviesa una profunda crisis económica y mantiene una deuda de cerca de $4.000 millones de dólares con aerolíneas internacionales, según la IATA. Adicionalmente, tanto Rodolfo Reyes como Camilo Ibrahim han sido señalados por la Asamblea Nacional venezolana (electa en 2015) por supuesta corrupción ligada al Centro Nacional de Comercio Exterior.
El dinero del rescate y la sombra del blanqueo
Mientras el Partido Popular exigía un debate en el Congreso para esclarecer el rescate de una aerolínea que apenas operó 823 vuelos en 2019, la Fiscalía Anticorrupción de España ha encendido las alarmas sobre un posible fraude al Estado.
Recientemente, la sede de Plus Ultra en Madrid fue registrada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por un presunto caso de blanqueo de capitales. Esta actuación se vincula a una investigación internacional dirigida desde Suiza y Francia, la cual indaga una red de blanqueo que habría lavado una «muy alta cuantía» de dinero proveniente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos, relacionados con programas estatales de alimentos (CLAP) y con la venta de oro del Banco de Venezuela.
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Lo más grave es la sospecha de que Plus Ultra se convirtió en un vehículo para legitimar fondos. La Fiscalía Anticorrupción señaló que la aerolínea habría realizado devoluciones de supuestos contratos de préstamo a cuentas en el extranjero de sociedades vinculadas a esta red criminal. Estos reembolsos se habrían efectuado en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública española, lo que, según la Fiscalía, constituye un indicio de defraudación. Las sociedades implicadas en esta organización criminal estaban involucradas en la venta de oro por cerca de 30 millones de euros.
De esta manera, el caso de Plus Ultra ha trascendido la simple discusión sobre la idoneidad de un rescate financiero, convirtiéndose en un complejo expediente que expone la supuesta injerencia del entorno de Maduro en las finanzas y ayudas públicas de un país europeo.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre lectura de agencias.
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