La Casa Blanca ha activado las alarmas internas. Un memorándum fechado el 24 de marzo, emitido por la Oficina de Gestión Presupuestaria, advierte con contundencia a todos los empleados federales: queda terminantemente prohibido participar en aplicaciones de apuestas o mercados financieros que puedan beneficiarse de información privilegiada relacionada con la guerra de Irán.
04/10/2026. La medida responde a una polémica que llevaba meses creciendo en redes sociales y que ahora estalla en la esfera pública: el papel de Polymarket, una plataforma de apuestas respaldada por Donald Trump Jr. y su firma 1789 Capital. En ella, usuarios anónimos han obtenido ganancias extraordinarias apostando sobre movimientos militares y decisiones presidenciales, e incluso han llegado a lanzar amenazas contra periodistas que publican información que contradice sus intereses.
Bloomberg subraya un episodio especialmente inquietante. El 23 de marzo, apenas minutos antes de que Donald Trump anunciara una pausa de cinco días en su amenaza de atacar infraestructuras iraníes, se movieron contratos de futuros equivalentes a seis millones de barriles de petróleo. El flujo comenzó a las 06:49; el mensaje oficial del presidente no apareció hasta las 07:05.
Ante la publicación del memorándum en The Wall Street Journal, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, insistió en que Trump ha sido claro: ni congresistas ni empleados pueden usar información no pública para obtener beneficios económicos. Sin embargo, las apuestas anónimas sobre Irán —algunas generando cientos de miles de dólares— han llevado a analistas a investigar posibles patrones de actividad privilegiada. Parte de los pagos están congelados mientras los usuarios discuten qué califica exactamente como “alto el fuego”.
El escándalo se amplifica con un frente paralelo. El Departamento de Defensa tuvo que desmentir un reportaje del Financial Times que insinuaba que el secretario Pete Hegseth habría influido en una inversión multimillonaria en defensa antes de la invasión de Irán. El Pentágono calificó la acusación de “difamación infundada”.
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Ahora, un grupo de senadores demócratas —Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Tammy Duckworth— exige que Hegseth testifique para aclarar posibles conflictos de interés y detectar fallas en los protocolos éticos del departamento.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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