En una extenuante sesión de casi 12 horas que culminó en la madrugada, el Senado de Chile despachó la megarreforma económica y tributaria impulsada por la administración de José Antonio Kast. Con una votación ajustada de 26 votos a favor frente a 24 en contra en sus artículos fundamentales, el oficialismo logró inclinar la balanza, dejando el proyecto a un paso de convertirse en ley tras su inminente revisión en la Cámara de Diputados. Esta victoria legislativa representa la apuesta más ambiciosa del Ejecutivo para quebrar el ciclo de estancamiento que mantiene a la economía chilena con un desempleo del 9,4% y proyecciones de crecimiento que apenas rozan el 1% para 2026.
07/17/2026. El núcleo de esta reforma, bautizada como plan de Reconstrucción Nacional, se asienta sobre un cambio de paradigma fiscal: recaudar menos para crecer más. El punto neurálgico es la reducción gradual del impuesto corporativo, que descenderá del actual 27% al 23% hacia el año 2029. Este incentivo se complementa con un agresivo blindaje a la inversión extranjera, ofreciendo un régimen de invariabilidad tributaria por hasta 20 años para proyectos que superen los 350 millones de dólares.
Desde una perspectiva analítica, el gobierno busca mitigar el riesgo institucional mediante medidas de «certeza jurídica», como el polémico reembolso de inversiones en caso de que la justicia revoque permisos ambientales previamente otorgados. Políticamente, el proyecto incluyó beneficios de alto impacto social para asegurar apoyos transversales, destacando la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años sobre su primera vivienda y un «derecho al olvido financiero» para deudas prescritas. El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido esta hoja de ruta argumentando que Chile padece una «enfermedad económica» que solo puede sanarse recuperando el dinamismo de la inversión privada.
Sombras sobre el Crecimiento: Desafíos Fiscales y Fractura Política
A pesar del optimismo oficialista, la reforma enfrenta un muro de críticas que la califican de «ideológica, regresiva e inconstitucional». El principal cuestionamiento técnico radica en la sostenibilidad de las arcas públicas; analistas y sectores de oposición estiman que cada punto de rebaja tributaria implica una merma de 420 millones de dólares en la recaudación estatal, lo que podría derivar en recortes severos en áreas sensibles como salud, educación y vivienda. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha deslizado advertencias sobre la presión que este plan ejercerá sobre las cuentas fiscales.
Asimismo, existe una profunda preocupación por una posible asimetría en la carga impositiva: mientras las grandes corporaciones ven aliviada su carga, las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrían enfrentar un alza gradual en su tasa corporativa, pasando del 12,5% al 20%. La oposición de izquierda, liderada por figuras que denuncian una vuelta a la «teoría del chorreo», ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa, argumentando que no existe un consenso técnico ni político mínimo para una transformación de esta magnitud. El destino final de la reforma dependerá ahora de las negociaciones en la Cámara Baja, donde el gobierno busca amarrar el apoyo de sectores populistas para sellar un triunfo que, aunque legislativo, aún debe validar su legitimidad ante una ciudadanía mayoritariamente escéptica.
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