Sheinbaum sobre la muerte electoral en Nicaragua: «Cada país decide»

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha fijado una postura contundente frente a la reciente declaración del mandatario nicaragüense Daniel Ortega sobre la cancelación de futuros procesos electorales en su país. Al ser consultada sobre este giro autoritario, Sheinbaum apeló al principio de autodeterminación, afirmando que cada nación tiene el derecho de decidir su propia organización política.

07/27/2026. En su defensa, la mandataria mexicana comparó la situación de Nicaragua con los sistemas parlamentarios europeos, señalando que en el viejo continente existen primeros ministros que pueden ser reelegidos de manera indefinida. «Cada país decide», subrayó la presidenta, cuyas palabras han desatado una ola de críticas en redes sociales tras ser interpretadas como una validación al régimen sandinista.

Esta postura surge tras el anuncio de Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, de que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua. Ortega justificó esta decisión acusando a la oposición de ser «vendepatrias» y «golpistas» que buscan enriquecerse a costa del erario público con el apoyo de Estados Unidos. Bajo este argumento, el líder sandinista adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional para crear un muro legal que impida a sus adversarios alcanzar el poder ejecutivo.

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Mientras Sheinbaum defiende la soberanía nicaragüense, el contexto interno en el país centroamericano refleja un control absoluto por parte de Ortega (80 años) y su esposa, Rosario Murillo (75 años). El régimen ya ha implementado una reforma constitucional que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y actualmente prepara nuevas leyes para excluir formalmente a los partidos opositores de cualquier contienda.

La vicepresidenta Murillo confirmó que estas reformas, que buscan blindar el poder del oficialismo, serán aprobadas de forma definitiva en los primeros días de septiembre. Todo esto ocurre bajo la sombra de la represión de 2018, que dejó un saldo de más de 300 muertos y una sociedad civil bajo un férreo control estatal.

Redacción equipo DHH.

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