El Gobierno de Chile ha dado un paso decisivo en su estrategia contra la delincuencia al presentar ante el Senado una reforma constitucional de gran calado, impulsada bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Esta iniciativa, que forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (Acot), busca redefinir la seguridad pública como un deber primordial del Estado. Tras un ajuste en su diseño original, el Ejecutivo redujo las modificaciones propuestas de once a ocho puntos, ingresando el proyecto con carácter de urgencia para acelerar su tramitación legislativa.
08/18/2026. El corazón de la propuesta radica en la creación de un nuevo estado de excepción por «Amenazas graves al orden interno». Esta medida permitiría al Ejecutivo declarar un régimen especial ante amenazas serias e inminentes a la seguridad pública, con una duración inicial de 120 días prorrogables. Bajo este marco, el Gobierno obtendría facultades para restringir temporalmente libertades fundamentales como la movilidad, el derecho de reunión y la asociación. Además, el paquete de medidas incluye el endurecimiento de penas contra las barricadas en carreteras y una reforma estructural al sistema nacional de registros de ADN para agilizar procesos judiciales.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación no parece despejado, ya que la propuesta ha desatado una auténtica «rebelión parlamentaria» incluso dentro de las filas oficialistas. Figuras de Renovación Nacional (RN) y Evópoli han manifestado su inquietud por lo que consideran una falta de trabajo «prelegislativo» y de socialización de la norma. Las críticas apuntan a que el proyecto podría otorgar poderes excesivos al Presidente, permitiendo, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones sin necesidad de una orden judicial previa, un punto que ha generado alarmas sobre el control democrático y el respeto a las garantías constitucionales.
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La controversia también se extiende a las limitaciones que la reforma impondría a personas condenadas por narcotráfico y terrorismo, quienes podrían ver restringido su acceso a ciertos servicios financiados por el Estado, como salud y educación. Mientras que la UDI se ha mostrado abierta al diálogo para «afinar el texto» sin sacrificar el fondo, otros sectores advierten que otorgar tales atribuciones sin control del Congreso por periodos que podrían sumar 240 días pone en riesgo la esencia democrática. Con la necesidad de alcanzar un quórum de cuatro séptimos para su aprobación, el futuro de la reforma de Kast depende ahora de una compleja negociación en la que el Gobierno deberá ceder para unificar a su propio sector.
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