El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella alista la que será su mayor carta en materia de seguridad e inteligencia: un ambicioso y rígido Estatuto Antiterrorista diseñado para desmantelar las estructuras criminales en Colombia mediante una combinación de presión militar, ahogo financiero y endurecimiento penal.
La iniciativa se radicará en el Congreso acompañada por un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, descartando de plano cualquier tipo de negociación de paz con grupos al margen de la ley.
El proyecto, cuya coordinación política está a cargo del Ministro del Interior, Rodrigo Lara, establece un sistema de listas de organizaciones terroristas inspirado en los estándares de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas.
Las estructuras que ingresen a esta categoría serán catalogadas oficialmente como Grupos Armados Organizados (GAO). Bajo esta figura, se habilitará la aplicación plena del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que servirá de marco legal para autorizar operaciones militares directas y bombardeos contra sus campamentos.
Régimen carcelario implacable y megacárceles
La propuesta elimina de raíz los beneficios penitenciarios para los máximos mandos de estas agrupaciones. Para ellos se creará un régimen penitenciario especial de máxima seguridad, en el cual las condenas se cumplirán a cabalidad. Este esquema se articulará con los proyectos gubernamentales para la construcción de megacárceles y la implementación de buques cárcel.
Golpes a las fortunas e incautación exprés de bienes
En el frente económico, el estatuto introduce una nueva figura de aprehensión de bienes, diferente al trámite convencional de extinción de dominio, orientada a la incautación expedita de los activos ilegales.
Además, se fijará un cerco estricto al lavado de activos mediante un seguimiento reforzado a la compraventa de oro, la minería ilegal, la bancarización y las licencias de casas de cambio, apoyado en alianzas de cooperación internacional.
Tecnología de punta contra las asonadas y reordenamiento judicial
Para combatir la impunidad en los territorios, el Gobierno destinará recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) a la instalación masiva de cámaras inteligentes de alta definición. Esta red cruzará datos en tiempo real para ubicar y capturar a los cabecillas insurgentes.
En el ámbito legal, se tipificarán severos agravantes contra las asonadas dirigidas a frenar las operaciones de la Fuerza Pública. Asimismo, el proyecto pretende concentrar en el Consejo de Estado el trámite de las acciones de tutela relacionadas con los grupos declarados como terroristas, buscando evitar decisiones judiciales contradictorias en los tribunales ordinarios frente a temas como bombardeos y aspersión.
Puedes leer: Chile: Aprobación a Kast cae al 32% en medio de críticas a la gestión del Ejecutivo – dehablahispana.com
La ruta en el Capitolio
El paquete normativo, que ya recibió el visto bueno de la Oficina Jurídica de la Presidencia, iniciará su trámite en las Comisiones Primeras del Congreso mediante dos vías paralelas: una ley estatutaria (para las medidas que abordan derechos fundamentales) y una ley ordinaria para acelerar la entrada en vigor del resto del articulado.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
Más historias
Chile: Aprobación a Kast cae al 32% en medio de críticas a la gestión del Ejecutivo
Elecciones Brasil: Lula forzado a un giro dramático de estrategia porque tiene todo para perder
Díaz-Balart: 24 de julio de 2027 es una buena fecha para elecciones en Venezuela