La capital de Haití, Puerto Príncipe, se desvanece bajo el dominio casi absoluto de las bandas armadas, que ya controlan más del 80% de su territorio y continúan expandiéndose de manera alarmante hacia otras regiones del país. El costo humano de este vacío de autoridad estatal es devastador: solo entre abril y junio de 2026, la violencia de las pandillas cobró la vida de más de 1,400 personas y dejó a otras 600 heridas.
09/03/2026. Masacres recientes, como la ocurrida el pasado 24 de agosto en la comunidad agrícola de Kenskoff —donde 47 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron brutalmente ejecutadas—, evidencian un panorama de terror constante que mantiene a la población en un estado de extrema vulnerabilidad. En total, la crisis ha dejado a 1.5 millones de personas desplazadas, mientras que 6.4 millones requieren asistencia humanitaria y se proyecta que 5.8 millones enfrentarán inseguridad alimentaria aguda este año.
Giro diplomático en la frontera común
Ante este abismo social y de seguridad, se ha producido un giro político crucial en la frontera. Los cancilleres de la República Dominicana, Víctor Bisonó, y de Haití, Raina Forbin, sostuvieron una reunión bilateral de emergencia (no anunciada previamente) para coordinar esfuerzos y unificar su llamado de auxilio ante la comunidad internacional.
Este acercamiento marca un contraste significativo con el clima de tensión de los últimos años, el cual se recrudeció en septiembre de 2023 debido a la construcción de un canal haitiano en el río Masacre. Aquel diferendo llevó al presidente dominicano, Luis Abinader, a ordenar el cierre total de la frontera y a implementar un programa de deportaciones masivas en 2024. Hoy, sin embargo, la gravedad de la crisis obliga a deponer diferencias: ambos ministros expresaron su voluntad de normalizar las operaciones consulares dominicanas lo antes posible y de robustecer los controles de seguridad fronteriza y gobernanza migratoria.
La promesa vacía de los cascos azules
El objetivo principal de esta alianza binacional es presionar por la renovación del mandato y el despliegue total de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un operativo internacional aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU cuyo plazo expira a finales de septiembre de 2026. Aunque el plan original contemplaba un contingente de 5,500 efectivos para combatir el crimen organizado, la realidad sobre el terreno es alarmante: en la actualidad, la GSF apenas cuenta con unos 450 agentes, procedentes de Chad.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien recientemente concluyó una visita oficial a Haití, advirtió que la lentitud en la entrega de recursos financieros, operativos y logísticos por parte de los países miembros neutraliza cualquier avance. Ramdin insistió en que el restablecimiento de la seguridad es vital para lograr los objetivos más urgentes: arrebatar el control territorial a las bandas, asegurar el puerto, proteger los accesos al aeropuerto internacional y abrir de forma segura las carreteras hacia el norte y sur del país.
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El laberinto institucional hacia las urnas
Para la OEA y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, el camino hacia la normalización democrática está encadenado a la pacificación del territorio. «La seguridad y las elecciones son las dos prioridades más inmediatas», puntualizó Ramdin, haciendo hincapié en que ambas metas están interconectadas y no pueden postergarse.
A largo plazo, la estrategia de reconstrucción busca dejar de depender de fuerzas extranjeras provisionales (las cuales atienden únicamente la urgencia inmediata). El plan apunta a reformar la arquitectura de seguridad del Estado haitiano, colocando a la policía nacional en el centro del financiamiento internacional y estructurando un sistema de justicia verdaderamente efectivo que garantice la ley una vez que la misión de la GSF concluya. El futuro inmediato de este plan se definirá en octubre de 2026, cuando el Consejo de la ONU debata la renovación de la misión de paz.
Redacción equipo DHH sobre lectura de agencias
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