El Gobierno de EE.UU. , bajo la administración de Donald Trump, ejecutó una masiva restricción migratoria que afecta a 27 funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales, legisladores y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida, informada por el Departamento de Estado, contempla tanto la revocación inmediata de visados B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026 como la inhabilitación para obtener nuevos permisos de ingreso, extendiendo el bloqueo en diversos casos a los núcleos familiares directos de los implicados.
09/28/2026. Las autoridades estadounidenses fundamentaron este veto en señalamientos por hechos graves de corrupción, nexos con el narcotráfico y acciones deliberadas para debilitar a gobiernos electos democráticamente en la región. Jurídicamente, la Casa Blanca amparó las sanciones en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como en disposiciones de seguridad nacional que facultan al Ejecutivo a denegar la entrada a extranjeros cuyas actividades generen consecuencias adversas para la política exterior de Washington. La operación se alinea con los compromisos del Escudo de las Américas, una alianza continental impulsada por la administración Trump e integrada por cerca de 15 países para perseguir al crimen organizado y la impunidad.
Bolivia en el epicentro: sanción pública al Fiscal General y un cerco a la cúpula judicial
Bolivia se posicionó como la nación con mayor número de ciudadanos sancionados dentro de la nómina oficial, sumando 12 personas con visas canceladas y nueve declaradas inelegibles junto con sus parientes. La figura de mayor perfil político salpicada por la medida es el actual fiscal general boliviano, Roger Mariaca, designado públicamente al amparo de la sección 7031(c) de la legislación sobre seguridad nacional. Según el Departamento de Estado, Mariaca incurrió en abusos de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar operaciones del narcotráfico y proteger a criminales violentos, afectando los esfuerzos de Washington contra el narcoterrorismo.
El barrido de visados en territorio boliviano alcanzó también a prominentes figuras del sistema judicial, fiscal, policial y empresarial. Entre los señalados destacan el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez, el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero Saavedra, el fiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos Flores, el coronel de policía Frans William Cabrera Quispe y el empresario privado José Luis Iriarte Cussi.
El impacto en Colombia, Perú y Ecuador: senadores, magistrados y nombres bajo reserva
En el caso de Colombia, la orden del Departamento de Estado salpicó directamente a dos figuras del ámbito político y empresarial. Se trata del empresario Euclides Antonio Torres Romero, cabeza de un relevante conglomerado del sector energético y alumbrado público, y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) e integrante de la coalición del Pacto Histórico.
Por su parte, en Perú la revocación de la visa y el veto a sus familiares directos recayó sobre el juez constitucional de Lima, Juan Carlos Núñez Matos. Finalmente, en Ecuador la administración estadounidense confirmó la cancelación de visas a dos ciudadanos y sus núcleos familiares, aunque el Gobierno norteamericano decidió mantener en reserva las identidades de los involucrados en su comunicado oficial.
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«No son bienvenidos»: la tajante advertencia de la Casa Blanca
Desde Washington enfatizaron que estas restricciones migratorias operan como un mecanismo permanente y en constante desarrollo, el cual permitirá aplicar nuevas sanciones a medida que se consolide mayor evidencia en coordinación con los gobiernos aliados de la región. La postura oficial del Gobierno estadounidense quedó sellada mediante una contundente declaración compartida por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio: «Los funcionarios corruptos (y los criminales a quienes protegen) no son bienvenidos en Estados Unidos».
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