La Asamblea General de la OEA constata la alteración del orden constitucional en Nicaragua y fija un plazo de 75 días para una comisión de alto nivel, mientras denuncia el cerco de impunidad del régimen tras reprimir protestas, ahogar la libertad de prensa y mantener la persecución a la ciudadanía.
10/02/2026. En una contundente resolución aprobada por la Asamblea General, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto contra las cuerdas al régimen de Nicaragua al declarar formalmente que las violaciones graves a los derechos humanos y la parálisis democrática constituyen una alteración del orden constitucional que vulnera la Carta Democrática Interamericana. El organismo regional resolvió la creación de una comisión especial encargada de realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel durante un plazo máximo de 75 días para procurar una solución pacífica a la crisis que desangra al país desde abril de 2018.
La resolución expone la sistemática política de represión emprendida por la dictadura, condenando explícitamente los ataques contra la libertad de prensa, el ahogamiento de la manifestación pacífica y la persecución dirigida contra actos religiosos. A pesar de que el régimen intentó maquillar su imagen internacional con la excarcelación de un grupo de presos políticos en el marco de las conversaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el documento advierte sobre la existencia de información creíble de opositores que continúan encarcelados, al tiempo que denuncia la arbitraria indefensión jurídica en la que permanecen quienes fueron liberados.
Asimismo, el foro regional deploró que el gobierno de Managua mantenga bloqueado el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), impidiendo de forma deliberada la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos en el territorio nacional. La OEA reiteró que el respeto a las libertades fundamentales, la separación e independencia de los poderes públicos, el régimen pluralista y la celebración de elecciones periódicas, libres y transparentes son requisitos esenciales e irrenunciables del Estado de derecho.
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Ante la gravedad del escenario, la OEA instruyó al Consejo Permanente a evaluar el informe que rinda la comisión diplomática de alto nivel y, de ser necesario, convocar de inmediato a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para aplicar las medidas correspondientes bajo el marco del artículo 20 de la Carta Democrática. Durante la votación, el Estado Plurinacional de Bolivia dejó constancia de su posición reservando su derecho de no reconocer la resolución bajo el argumento de la soberanía y la no intervención. Pese a ello, la comunidad interamericana reafirmó su compromiso inquebrantable con el pueblo nicaragüense para el restablecimiento de las instituciones democráticas y la paz.
Redacción equipo DHH.
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