El Ejército de Estados Unidos ha iniciado un significativo despliegue de efectivos pertenecientes a la 10.ª División de Montaña —unidad especializada en combate en alta montaña y selva— en la Base Aeronaval de Panamá, con planes de extender sus maniobras conjuntas a Honduras y Colombia, y toda América Latina.
10/17/2026. La magnitud de la operación ha generado versiones contrapuestas: mientras informes publicados por The New York Times señalaron el envío de 600 militares para prepararse en operaciones especiales contra cárteles del narcotráfico, la Embajada estadounidense en Panamá calificó dicha información como «categóricamente falsa». Según el embajador Kevin Marino Cabrera, se trata únicamente de 120 soldados participando en un curso de entrenamiento en la selva de dos semanas que concluirá el 25 de octubre, fecha en la que retornarán a su base en Fort Drum, Nueva York.
No obstante, el exembajador estadounidense John D. Feeley aclaró la discrepancia al explicar que el contingente abarca cinco rotaciones consecutivas de 120 efectivos, sumando los 600 reportados. Feeley destacó que un grupo de 120 soldados supera el promedio histórico habitual de 30 a 40 efectivos e interrogó sobre el objetivo de fondo de mantener tropas preparadas para combatir en selva profunda.
La «Doctrina Donroe» y la nueva arquitectura militar
Este movimiento forma parte de la estrategia militar impulsada por la Administración Trump, calificada por analistas como la «Doctrina Donroe». Se trata de la revitalización de la Doctrina Monroe de 1823 con el objetivo explícito de afianzar la hegemonía e intervencionismo estadounidense en la región. De acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional del Pentágono, Washington busca revertir lo que considera años de abandono para restaurar la preeminencia de EE. UU. en el hemisferio occidental.
Para consolidar esta estructura de poder, se oficializó en Doral, Miami, la creación del «Escudo de las Américas», un foro de ministros de defensa orientado a coordinar operaciones militares conjuntas y combatir el narcotráfico. A la par, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, abrió una oficina dedicada en el Pentágono para supervisar la lucha contra los carteles y estructuró un nuevo comando para operaciones en el hemisferio occidental con sede en Miami.
Injerencia política y acciones directas en la región
La intensificación de la presencia militar estadounidense coincide con una postura exterior más agresiva, que incluye bombardeos a supuestas narcolanchas en las costas del Caribe. En el plano geopolítico, Washington ha ejecutado operaciones de alto impacto, como una intervención militar en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro e instaurar a Delcy Rodríguez, junto con un severo bloqueo energético a Cuba que derivó en una crisis humanitaria.
Paralelamente, EE. UU. ha afianzado una red de aliados políticos en la región: desde el respaldo explícito a Javier Milei en Argentina y a Nasry Asfura en Honduras, hasta la presión sobre el expresidente colombiano Gustavo Petro y el posterior apoyo al derechista Abelardo de la Espriella tras asumir la presidencia.
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Debate legal y choque de poderes en Colombia
La proyección de estas fuerzas hacia Colombia ha abierto un intenso debate institucional. A pesar de que el secretario de Defensa Hegseth afirmó que el presidente De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas, cualquier combate directo o tránsito formal de tropas extranjeras requiere por mandato constitucional la aprobación del Senado colombiano.
El antecedente jurídico se remonta a 2020, cuando el Consejo de Estado determinó que las labores de asesoría y capacitación de la Brigada SFAB de EE. UU. no constituían un tránsito de tropas mientras no implicaran combate, mando ni uso de armas. Sin embargo, líderes de la oposición como el senador Alejandro Ocampo han cuestionado públicamente al mandatario colombiano por no solicitar la autorización del Congreso para permitir el accionar de tropas extranjeras en territorio nacional.
Redacción libre equipo DHH sobre lectura de notas en el pais.com y ayuda de IA.
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