Con la cabeza rapada, vestimentas naranjas inéditas en el país y cadenas en tobillos y muñecas, los criminales de mayor peligrosidad ingresaron al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), marcando el inicio de una estricta era penitenciaria.
10/27/2026. En un despliegue sin precedentes para la historia penitenciaria costarricense, las autoridades del Ministerio de Justicia concretaron el traslado inicial de 123 privados de libertad hacia el nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Los reclusos ingresaron encadenados de pies y manos, vistiendo uniformes color naranja —un atuendo nunca antes utilizado en las prisiones nacionales— y con la cabeza totalmente rapada.
Entre los internos trasladados destacan «los criminales de mayor peligrosidad del país», así como los principales sospechosos vinculados al homicidio del oficial de policía Gerson Rosales Cascante. Las autoridades difundieron imágenes donde se observa a los reos sentados en grupos, con la cabeza agachada y las manos sobre la nuca. Esta disposición asemeja el protocolo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, un modelo objeto de observaciones y cuestionamientos por parte de organismos defensores de derechos humanos.
Infraestructura récord y cooperación internacional
El complejo penal, construido con cooperación del gobierno salvadoreño e inspirado en las políticas penitenciarias del presidente Nayib Bukele, fue inaugurado a mediados de octubre. Se ubica en San Rafael de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José y en las cercanías del centro penal La Reforma.
Con 31.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 91.000 metros cuadrados, el CACCO representa la obra penitenciaria de mayor envergadura en la historia de Costa Rica. Diseñado para albergar hasta 5.100 privados de libertad —capacidad equivalente al 20% de la población carcelaria del país—, el Ejecutivo prevé que las nuevas instalaciones permitan reducir el hacinamiento del sistema del 59% actual a un 15%.
Respuesta estatal ante la crisis de violencia
El despliegue de esta infraestructura de máxima seguridad responde a la severa crisis de seguridad y violencia ligada al narcotráfico y a las disputas territoriales entre bandas delictivas. Costa Rica, históricamente reconocida por sus altos estándares de paz en la región, experimentó cifras récord de violencia con 905 homicidios en 2023 y contabilizó 873 asesinatos en 2025.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, definió las instalaciones como «un monumento a la seguridad nacional» y afirmó que representan la garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos bajo el gobierno de Laura Fernández.
Redacción libre DHH sobre lectura de medios.
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