La administración del Poder Ejecutivo en Paraguay ha entrado en un colapso institucional definitivo. Tras tres años y dos meses de mandato, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo acorralado por el estallido social y político derivado del cierre e intervención de ueno bank, entidad financiera ligada a su entorno político y económico. No obstante, en un hecho inédito, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político en su contra a pesar de la dimisión presentada.
11/05/2026.
El desencadenante financiero: el colapso de ueno bank y la ola judicial
El detonante de la crisis se produjo cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de ueno bank tras detectar una severa insuficiencia en su índice de solvencia, ubicado por debajo del 50%. La entidad bancaria, que había experimentado un crecimiento acelerado y una fuerte penetración en transacciones del Estado, arrastró a su cúpula directiva.
Hasta la fecha se registran 27 personas imputadas por la Justicia, entre las que figuran el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y el vicepresidente Miguel Vázquez, además de directivos y síndicos del periodo 2025-2026. Los antecedentes de Peña como parte del paquete societario original de la entidad alimentaron indignadas movilizaciones ciudadanas en la Plaza de Armas exigiendo la devolución de ahorros y la destitución del mandatario.
Antes de formalizar su renuncia, Peña solicitó la dimisión del titular del BCP, Carlos Carvallo, nombró en su reemplazo a Raúl Vera Bogado y promulgó una ley de emergencia aprobada por el Congreso para activar el Fondo de Garantía de Depósitos e iniciar pagos inmediatos a los ahorristas dentro de las primeras 24 horas.
La renuncia formal: disculpas al pueblo y clamor de paz social
La carta oficial de dimisión ingresó a la mesa de entrada del Congreso Nacional a las 13:33 por intermedio del ministro del Interior, Enrique Riera. De forma simultánea, Santiago Peña difundió un mensaje en video a través de sus redes sociales argumentando que tomó la decisión pensando en la «estabilidad del país, la paz social y la necesidad de preservar las instituciones democráticas».
En su alocución, el mandatario pidió disculpas al pueblo paraguayo «si en algún momento falló» y remarcó que su prioridad del momento era garantizar la devolución de los recursos a las familias que confiaron sus ahorros en el sistema financiero. Peña concluyó aseverando que «la historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión» los hechos acontecidos.
Rebelión parlamentaria: aprobación unánime del juicio político pese a la dimisión
Pese a la renuncia en mesa, la Cámara de Diputados decidió avanzar con firmeza. Con 78 votos a favor de los 78 legisladores presentes, la Cámara Baja aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente. La medida contó con el respaldo coordinado de la oposición, colorados disidentes y el propio oficialismo, tras el pronunciamiento del titular de la ANR, Horacio Cartes, en apoyo al juzgamiento.
La Cámara de Diputados designó a seis fiscales acusadores para sostener el proceso ante el Senado: Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Billy Vaesken, Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Mauricio Espínola. En paralelo, los diputados rechazaron con 48 votos en contra y 30 a favor el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, dejándolo habilitado para asumir la Presidencia de la República conforme al artículo 234 de la Constitución Nacional.
La encrucijada del Senado: ¿destitución o senaduría vitalicia?
El desenlace de la crisis ha quedado en manos de la Cámara de Senadores, que deberá resolver si acepta la renuncia planteada por Peña o si prosigue con el trámite del juicio político hasta la destitución.
La determinación de la Cámara Alta acarrea consecuencias jurídicas trascendentales para el futuro del mandatario saliente:
- Si el Senado aprueba la destitución: Peña perderá la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y no contará con fueros parlamentarios, quedando expuesto a un eventual procesamiento penal ordinario.
- Si el Senado acepta su renuncia: Peña pasará a ocupar una banca como senador vitalicio con la correspondiente inmunidad de fueros, lo que exigirá un proceso previo de desafuero legislativo para ser sometido a la justicia penal.
Redacción equipo DH sobre lectura de medios y agencias.
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