El Congreso colombiano dio luz verde al proyecto gubernamental que otorga rebajas de pena condicionales a integrantes de bandas armadas y mafias que entreguen sus armas, bienes e información, en medio de intensos choques entre el oficialismo y la oposición.
11/04/2026.
Un nuevo marco legal para el desmantelamiento del crimen organizado
El Congreso de Colombia aprobó de forma definitiva el proyecto de ley de sometimiento a la justicia (Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara), el cual modifica y adiciona la Ley 418 de 1997 de orden público. La iniciativa fue respaldada en el Senado con 57 votos a favor y 24 en contra, y en la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra, pasando directamente a sanción presidencial tras coincidir plenamente los textos de ambas corporaciones.
El mecanismo legal está diseñado para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y redes dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal o actos terroristas abandonen el crimen y se entreguen a la justicia ordinaria ante fiscales y jueces. A diferencia de los modelos de negociación de paz, esta norma no otorga estatus político ni crea jurisdicciones especiales, garantizando además que no se suspenderán las órdenes de captura ni los trámites de extradición.
Rebajas de condena bajo estrictas condiciones
El proyecto contempla beneficios judiciales condicionales para quienes cumplan los compromisos legales:
- Integrantes rasos: Podrán optar a una reducción de pena de hasta el 50 %.
- Líderes y cabecillas: Tendrán acceso a rebajas de hasta el 30 %.
Para acceder a estos beneficios, los procesados deben suspender toda actividad ilícita, entregar el armamento y aportar información veraz para desmantelar las estructuras criminales y sus finanzas. Adicionalmente, deberán colaborar en la liberación de secuestrados, la búsqueda de personas desaparecidas y la entrega de bienes para la reparación integral de las víctimas.
El presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, enfatizaron que quienes estén vinculados al reclutamiento de menores de edad o sean solicitados en extradición quedan totalmente excluidos de cualquier beneficio judicial.
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Giro estratégico y confrontación política
La aprobación de esta normativa sella el fin de la política de «Paz Total» impulsada por el expresidente Gustavo Petro (2022-2026). Tras el triunfo legislativo, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión afirmando que «la falsa paz total llegó a su fin», dando paso a una estrategia basada en la «razón y fuerza» y en la Intervención Territorial Integral para recuperar el control estatal en las regiones.
Por su parte, la bancada opositora del Pacto Histórico rechazó tajantemente la ley. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció que la norma contiene «graves vicios» que criminalizan la protesta social y vulneran los derechos de las víctimas, mientras que sectores de la oposición bautizaron la medida como una «Paz traqueta» que podría terminar favoreciendo a testaferros y lavadores de activos.
Redacción equipo DHH.
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