El gobierno de la hondureña, Xiomara Castro, prolongó el estado de excepción por 45 días más y lo amplió a otros municipios. La medida se puso en marcha en diciembre en un intento por disminuir el control de las pandillas y que se suma a políticas implementadas por otros mandatarios de la región como el salvadoreño, Nayib Bukele.

Según las autoridades centroamericanas, estas organizaciones delincuenciales han sembrado el temor con mayor fuerza en las áreas pobres. Para intentar controlar ese panorama Castro desplegó a miles de policías de manera que las operaciones de seguridad fueran reforzadas.

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Así las cosas, la disposición estará vigente en 75 municipios de la nación. En estos, las fuerzas de seguridad como la Policía tienen la potestad de adelantar operativos especiales, según las condiciones fijadas por el decreto y garantizar la seguridad. Lo anterior de acuerdo a las condiciones previstas en el decreto.

De acuerdo con la publicación de La Gaceta, el diario oficial, la limitación de algunos derechos “ha rendido muy buenos resultados para combatir la criminalidad heredada que se insertó en los más altos niveles de la Administración Pública, por lo que es procedente decretar por un nuevo periodo”.

Se dio luz verde al “estado de excepción (…) “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados” y resolvió “suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República”.

Alcance de la medida

La orden faculta a los uniformados para “detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”. La presidenta, Xiomara Castro, ha destacado que su decisión se enfoca en combatir la extorsión, “una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios”, como los transportistas.

Cifras oficiales indican que desde que se puso en marcha el decreto, aproximadamente 650 presuntos miembros de pandillas han quedado bajo custodia. El Estado ha registrado una disminución del 60 % en las denuncias por extorsión y no ha habido reportes por exceso en la potestad policial.

Entre tanto, la Secretaría de Seguridad presentó un balance a comienzo de este año en el que apuntó a que el país centroamericano cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, siendo la más baja en más de una década.