La clasificadora de riesgo Fitch Ratings indicó sobre la economía chilena, que existen dudas sobre el nuevo proceso constitucional, a las que se suman las presiones por la implementación de las reformas tributaria y de pensiones en un escenario recesivo.

En un comunicado, la firma advirtió que el proceso constitucional, cuya primera propuesta se rechazó el año pasado pero que espera por una nueva fase, junto a la desaceleración del PIB, están pesando sobre la inversión y las perspectivas económicas. «La incertidumbre política prolongada pesa sobre las perspectivas económicas de Chile», apuntó.

«El rechazo de una nueva carta constitucional propuesta en el referéndum de septiembre disipó algunos riesgos sobre un cambio radical en el modelo económico de Chile, pero no puso fin al proceso constituyente, extendiendo la incertidumbre política y económica al menos hasta que surja una nueva propuesta.

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Según el cronograma previsto, un Consejo Constitucional presentaría uno a fines de octubre de 2023″, indicó la firma en un reporte. «El Congreso ha acordado que una nueva Constitución protegerá los derechos de propiedad. Pero persisten las preguntas, por ejemplo, sobre el papel de los grupos indígenas en la aprobación de proyectos mineros, derechos de agua y protecciones ambientales.

Mientras tanto, el Congreso se está enfocando en las reformas tributarias y de pensiones, que pueden ser difíciles de implementar en medio de las altas presiones de gasto», agregó. «Estos podrían aumentar si una nueva Constitución enumerara los derechos sociales como la vivienda y la atención médica», deslizó Fitch Ratings.

La empresa además espera que la ausencia de medidas de liquidez relacionadas con la pandemia -apoyos fiscales y retiros previsionales- en medio de la incertidumbre política provoque una recesión superficial en 2023 antes de que el crecimiento se recupere lentamente en 2024.

También considera que la economía enfrenta riesgos derivados de una perspectiva económica global más débil y condiciones de financiamiento externo más estrictas. Estos pueden complicar la capacidad de Chile para atraer flujos de capital para financiar un mayor déficit de cuenta corriente (CAD), aumentando las vulnerabilidades externas.