La trama financiera y política en torno al colapsado Ueno Bank alcanzó su punto más crítico. La Fiscalía paraguaya formalizó una severa ampliación de cargos contra el expresidente Santiago Peña, a quien señala como la presunta cabeza de una estructura organizada dedicada a favorecer sistemáticamente a la entidad financiera y a su conglomerado empresarial.
11/13/2026. Con este nuevo señalamiento por asociación criminal, el exmandatario enfrenta un escenario judicial complejo con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.
Una presunta red en la cumbre del Estado
Según las pesquisas del Ministerio Público, la estructura operaba bajo una calculada distribución de funciones para encubrir e impulsar los intereses de Ueno Bank y del Grupo Vázquez. Los investigadores sostienen que el propio Peña encabezaba la cúpula de esta rosca y mantenía reuniones periódicas en la residencia de Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, referente del grupo empresarial.
Esta imputación por asociación criminal se suma a los cargos previos de lesión de confianza y administración en provecho propio, considerados por la Fiscalía como delitos antecedentes al lavado de activos. La resolución fiscal llega tras la destitución de Peña mediante juicio político en el Senado por mal desempeño en sus funciones, que derivó en su inmediata detención.
El rol del Banco Central y el «maquillaje» regulatorio
El caso salpica de manera directa a la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Bancos. Entre los imputados figura Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno que fue nombrado titular del BCP en 2023 por decreto de Peña, el superintendente Holger Insfrán, y los exdirectivos de la entidad monetaria Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las autoridades monetarias habrían ignorado advertencias e informes técnicos sobre excesos en los límites crediticios y operaciones irregulares para evitar que la entidad fuera intervenida a tiempo. Asimismo, se investiga la preparación de informes y notas dirigidas al Congreso en los que supuestamente se omitieron datos técnicos clave sobre la severa situación del banco.
Millones bajo sospecha y el colapso patrimonial
Durante el mandato de Peña, Ueno Bank captó cuantiosos fondos públicos, incluidos recursos de cajas jubilatorias. Una de las operaciones más bajo la lupa es la supuesta venta de cartera de créditos por 74.418.418,12 dólares a la firma Vinanzas S.A. en junio de 2026, la cual habría sido financiada con fondos del propio Ueno Bank pese a no estar permitida por la regulación.
A pesar del deterioro financiero, la entidad continuó captando ahorros mediante promociones hasta que el 2 de noviembre de 2026 el BCP declaró formalmente la resolución del banco, al constatarse que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo legal exigido.
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Medidas cautelares y detenciones
Las actuaciones del Ministerio Público incluyeron registros domiciliarios que derivaron en las arrestos de Holger Insfrán, Liana Caballero y Miguel Mora, mientras que Marco Aurelio González se entregó ante una comisaría en Asunción.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para González y arresto domiciliario con tobillera electrónica para Caballero y Mora, además del congelamiento de cuentas bancarias y la inhibición general para vender o gravar bienes. Los fiscales dispondrán de un plazo de seis meses para profundizar las investigaciones y presentar el requerimiento conclusivo.
Redacción DHH sobre lectura de medios.
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