La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central emitió un informe preocupante sobre la situación en Nicaragua. En él, la ONU advirtió que Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos.

Desde el pasado mes de febrero, Nicaragua ha impuesto una serie de medidas arbitrarias a 222 personas excarceladas, que luego fueron deportadas a los Estados Unidos, y a otras 94 personas a las que les retiró la nacionalidad nicaragüense, según la ONU.

Estas medidas incluyen vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones.

La ONU afirma que se han eliminado derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país.

Puedes leer: Ortega intenta execrar a Taiwán en centroamérica

La ONU repasó en el informe los hechos acontecidos desde el pasado 9 de febrero en Nicaragua, cuando durante la madrugada «222 personas privadas de libertad arbitrariamente (… ) son trasladadas por el Gobierno al aeropuerto militar de Managua desde donde abordan un vuelo» a Estados Unidos.

La Oacnudh detalló que «en pleno viaje, supuestamente en cumplimiento de una resolución judicial del 8 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordena la ‘deportación inmediata’ de las 222 personas», pero «ninguno de los artículos citados de la normativa nicaragüense permitiría la deportación». Además, la ONU destacó que «al no haber estado previsto el destierro o deportación como pena para los delitos por los que estaban acusadas o condenadas las 222 personas, su expulsión viola el principio de legalidad, según el cual no se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión.

La ONU también señaló que el Tribunal de Apelaciones de Managua publicó una resolución judicial por la que se priva de la nacionalidad a las 222 personas, al ser consideradas traidoras a la patria, pero no existe información sobre un juicio penal ni ningún otro tipo de proceso legal en el que se hubiera adoptado esta resolución y en el que las personas afectadas hubieran podido asumir su defensa.

En resumen, Nicaragua ha tomado medidas alarmantes que vulneran los derechos humanos y que son contrarias a las normas internacionales. Es necesario que se tomen medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos humanos en Nicaragua y se respete el estado de derecho.

Redacción DHH con información de EFE

Síguenos en nuestras redes:

Telegram: dehablahispana

Instagram: @dehablahispana

Facebook: dehablahispana

Twitter: @dehablahispana1

Página web: www.dehablahispana.com