El portal peruano rpp.pe tuvo acceso al informe final de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde señala que las muertes ocurridas en Ayacucho podrían constituir «ejecuciones extrajudiciales». Además, señalan que en Juliaca se habrían presentado situaciones de «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado del gobierno de Dina Boluarte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe final, que durante las protestas en Perú hubo graves violaciones a los derechos humanos entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero. Esto principalmente en las ciudades de Ayacucho y Puno y durante el gobierno de Dina Boluarte
En el documento se señala que en Ayacucho se habrían dado «ejecuciones extrajudiciales» al ser perpetradas por agentes del Estado.
«En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre», se lee en el informe de la CIDH que será presentado en Estados Unidos.
La CIDH también señaló que en Juliaca-Puno se habrían presentado situaciones de «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado. Es por ello que exhortan a que los hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados.
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«En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones», recalca el informe aludiendo al gobierno de Dina Boluarte
Por otro lado, la entidad recomendó que la forma de superar la crisis en Perú requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho.
«El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática», concluyó.
Compensación para las víctimas
La Comisión recomendó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos como acciones de compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia.
«Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos», indica.
Redacción DHH con información de rpp.pe
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