Bolivia se encuentra nuevamente al borde de una parálisis nacional tras el firme ultimátum lanzado por el expresidente Evo Morales, quien amenazó con retomar las movilizaciones a partir del 13 de octubre si el Poder Ejecutivo no revoca las normas de ajuste económico. La advertencia del dirigente cocalero exige la abrogación del Decreto Supremo 5716 —que eliminó la subvención al diésel— y de la norma que regula la reestructuración o disolución de empresas públicas antes del 3 de octubre, bajo la premisa de que la medida se acatará «de a buenas o de a malas».
09/27/2026. Ante este escenario, la respuesta del Gobierno del presidente Rodrigo Paz fue categórica al descartar cualquier posibilidad de ceder ante condicionamientos. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que ninguna persona está por encima de la ley sin importar su capacidad de movilización y calificó el ultimátum como una amenaza directa al Estado de derecho. Justiniano recordó además que contra Morales existen órdenes de aprehensión vigentes por terrorismo y alzamiento armado vinculados a las protestas pasadas, a lo que se suma una causa judicial abierta en 2024 por presunta trata agravada de personas y estupro. En la misma línea, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, ratificó que el decreto no será anulado, subrayando que el Estado no puede continuar desembolsando sumas multimillonarias en subvenciones.
La confrontación actual se desencadena tras la llegada al poder de Rodrigo Paz el 8 de noviembre de 2025, gestión que puso fin a dos décadas de mandatos del Movimiento al Socialismo y asumió una economía sumida en la peor crisis de los últimos cuarenta años. Para hacer frente a la falta de divisas y combustible, la administración impulsó en diciembre de 2025 el retiro del subsidio a los carburantes —que costaba al país más de 2.000 millones de dólares anuales— junto a un paquete de reformas que generó descontento en diversos sectores. Esa tensión previa detonó entre mayo y junio bloqueos de carreteras durante más de cincuenta días, dejando un devastador saldo de al menos 16 fallecidos y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Para restaurar la circulación y la estabilidad, el Ejecutivo promulgó un estado de excepción nacional el 20 de junio, ratificado y extendido por el Congreso en septiembre hasta mediados de diciembre, mientras avanza la negociación de un acuerdo de financiamiento por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, voces opositoras como la del exdiputado Amílcar Barral cuestionaron la falta de control oficial frente a las concentraciones masivas encabezadas por Morales en el trópico de Cochabamba en medio de las restricciones vigentes.
Frente a la inminencia de nuevos conflictos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia emitió un pronunciamiento de alerta, manifestando que el país no puede resistir otro ciclo de bloqueos que paralice la actividad productiva. Si bien la institución empresarial respaldó el reordenamiento económico y las normas de ajuste como el DS 5716, advirtió sobre el riesgo de una contracción que afecte el empleo y la operatividad de las pequeñas y medianas empresas. Por ello, la CEPB propuso la implementación inmediata de un plan de protección social para los sectores más vulnerables y la pronta actualización de marcos normativos en inversiones, minería e hidrocarburos que brinden seguridad jurídica a la producción.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
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