A menos de seis meses de haber asumido la presidencia con la promesa de rescatar a Bolivia de su peor crisis económica, el gobierno centrista de Rodrigo Paz se encuentra al borde del abismo.
05/27/2026. Lo que comenzó como una «luna de miel» diplomática y financiera, marcada por el restablecimiento de lazos con Estados Unidos y una breve estabilidad cambiaria, ha mutado en un escenario de caos, escasez y barricadas que mantienen a las principales ciudades del país bajo un asedio asfixiante.
El costo de una «traición» política
La indignación que hoy incendia las calles emana, irónicamente, de quienes llevaron a Paz al poder. Los sectores indígenas y rurales, históricamente leales al Movimiento al Socialismo (MAS), se sienten abandonados por un mandatario que, tras ganar las elecciones, se alió con la derecha legislativa y excluyó de los puestos de poder a la mayoría indígena del país.
La mecha de la protesta terminó de encenderse con medidas económicas drásticas:
- Aumento de combustibles: El fin de los subsidios disparó los precios en un 90%, afectando el transporte y la canasta básica.
- Reforma agraria: Una ley de tierras que, según los campesinos, beneficia al agronegocio y amenaza con desalojos a los pequeños productores.
- Salarios estancados: A pesar de un aumento del 20% al salario mínimo, los sindicatos consideran la medida insuficiente frente a la inflación.
Una capital estrangulada
La estrategia de los manifestantes no es nueva, pero es letal para la economía. Aplicando la histórica técnica del cerco, bloqueos de carreteras en las laderas que rodean a La Paz han dejado a más de 1.6 millones de personas sin acceso regular a alimentos, combustible y suministros médicos.
La situación es crítica: se reporta la muerte de al menos cuatro personas debido a la imposibilidad de recibir atención médica por los bloqueos, mientras el gobierno se ve obligado a utilizar aviones militares para transportar pollo y suministros básicos a la capital. En las calles, los manifestantes utilizan dinamita, enfrentándose a una policía que responde con gases lacrimógenos en un ciclo de violencia que ya suma más de 120 arrestos.
Entre el diálogo y el estado de sitio
El presidente Paz se encuentra en una encrucijada peligrosa. Aunque ha intentado aplacar los ánimos con bonos para maestros, el despido de ministros impopulares e incluso recortando su propio sueldo a la mitad, la presión para «restaurar el orden» aumenta.
El Congreso ya ha pavimentado el camino para una respuesta más dura al aprobar una ley que facilita la intervención militar en disturbios sociales. Paz ha advertido que, si no hay diálogo, el estado de emergencia por 60 días será su «último recurso» para liberar las carreteras.
La sombra de Evo y la grieta internacional
Desde el Chapare, el expresidente Evo Morales observa la crisis y exige elecciones anticipadas en un plazo de 90 días, calificando la posible militarización como una decisión «suicida». Mientras el gobierno de Paz acusa a Morales de financiar las protestas, el conflicto ha trascendido las fronteras bolivianas.
La crisis ha expuesto las profundas fallas geopolíticas de la región:
- Apoyo externo: Gobiernos aliados a la administración Trump, como Argentina y Chile, han respaldado a Paz.
- Tensión diplomática: Colombia, bajo el mando de Gustavo Petro, ha defendido las protestas, lo que resultó en la expulsión del embajador colombiano de Bolivia.
- Postura de EE. UU.: El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado liderado por «criminales y narcotraficantes».
Con la embajada estadounidense cerrada por seguridad y las estanterías de los mercados vacías, Bolivia se enfrenta a una pregunta urgente: ¿podrá el centrismo de Paz sobrevivir al mismo ímpetu popular que alguna vez lo vio como una esperanza?.
Redacción equipo DHH.
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