Colombia: Gestión de Petro intentó cambiar resultados electorales e investigó a expresidentes

La detención en Neiva del funcionario e ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar dejó al descubierto un complejo entramado de presuntas operaciones irregulares dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Documentos secretos y reportes periodísticos revelan desde supuestos planes para sabotear los sistemas electorales en las votaciones presidenciales, hasta el uso de la agencia para monitorear a expresidentes y líderes de la oposición.

11/09/2026.

La caída del hacker clave y la brecha en el sistema SICC

Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre de 2026 tras haber permanecido seis meses prófugo de la justicia por una investigación vinculada a accesos abusivos informáticos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). A pesar de contar con una orden de aprehensión vigente emitida el 7 de mayo de 2026, Oyola se mantuvo como funcionario activo de la DNI y tuvo acceso a información clasificada del Estado.

En su paso por la entidad, se le encomendó coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers. No obstante, la mayor alerta de seguridad nacional se encendió al descubrirse que logró alojar en un equipo personal una réplica del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), plataforma reservada para la alta cúpula del Ejecutivo. Aunque el funcionario argumentó que el computador con los desarrollos del sistema le fue hurtado, en los registros oficiales no existe denuncia formal ante la Fiscalía sobre dicho evento.

El plan contra la Registraduría y la interferencia electoral

Uno de los hallazgos consignados en un Informe de empalme de 26 páginas elaborado por funcionarios de la DNI señala que Oyola habría liderado una red informática destinada a ejecutar ataques contra la Registraduría Nacional para alterar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026.

Frente a estos hechos, el exinspector de la DNI Juan Carlos Restrepo señaló que mantener a un requerido por la justicia dentro de la agencia constituye una omisión de denuncia y sugiere que el organismo pudo estar más enfocado en interferir en el proceso electoral que en resguardar la seguridad nacional. Asimismo, una auditoría forense posterior concluyó que la agencia perdió su confiabilidad al haber sido empleada para recopilar información sobre las campañas de oposición.

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Decreto 0563: ¿Licencia oficial para el espionaje político?

El informe también expone presuntas maniobras de seguimiento a exmandatarios. Mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, la DNI fue incorporada al procedimiento de asignación de vehículos para los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. De acuerdo con los documentos revelados, dicha participación habría facilitado la instalación de micrófonos y dispositivos GPS en los automotores asignados a los esquemas de protección.

A estas denuncias se suman indagaciones por interceptaciones ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, así como la operación de una fachada de inteligencia en una casa cercana a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, deshabilitada tras las elecciones.

Exigencias de investigación y silencio institucional

Las revelaciones han generado una fuerte ola de reacciones políticas. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó las actuaciones reportadas como un posible «ataque a la democracia misma» y exigió investigaciones de fondo contra los responsables directos e indirectos. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el exdirector de la DNI, Jorge Arturo Lemus.

Hasta la fecha, los exdirectores de la entidad en la administración de Gustavo Petro —Rafael Guarín y Jorge Lemus—, así como la fiscal general Luz Adriana Camargo, no han emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos.

Redacción DHH sobre lectura de agencias.