Colombia ha dejado de ser el faro de integración migratoria en la región para convertirse en un escenario de profunda incertidumbre, particularmente para la comunidad venezolana. La drástica decisión del Gobierno nacional de ordenar la búsqueda y deportación inmediata de extranjeros en situación irregular impacta de manera directa al principal receptor de esta diáspora en la última década.
08/24/2026. Aunque la medida abarca a cualquier extranjero sin papeles, su peso real recae sobre los hombros de unos 2.8 millones de venezolanos establecidos en suelo colombiano, quienes representan cerca del 90% del total de inmigrantes en el país.
De este grupo, alrededor de 848,000 personas se encuentran en condición de irregularidad, incluyendo a 193,000 niños, niñas y adolescentes, quienes ahora afrontan la amenaza de una expulsión acelerada. Este drástico viraje rompe con más de diez años de políticas de acogida y regularización promovidas por los últimos tres gobiernos colombianos de distintas tendencias políticas, las cuales habían sido elogiadas internacionalmente como ejemplos de buenas prácticas humanitarias. La crisis para estas familias se profundiza aún más al ocurrir en medio de las secuelas de desastres naturales recientes que han golpeado simultáneamente a Colombia y a Venezuela. Diversos analistas y defensores de derechos humanos advierten que esta medida asocia injustamente la irregularidad migratoria con la delincuencia, creando un clima propicio para la estigmatización y la profundización de la xenofobia en la sociedad colombiana.
El porqué: Nacionalismo, promesas de campaña y un vinculo cuestionado
La justificación detrás de esta polémica decisión radica en la doctrina de seguridad del actual presidente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo con la promesa de aplicar «mano dura» contra la criminalidad y redefinir por completo el enfoque migratorio del Estado. Amparado bajo la consigna nacionalista «Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos», el mandatario argumenta que estas medidas administrativas y políticas son indispensables para proteger al ciudadano de a pie y devolverle la tranquilidad al país.
Desde la perspectiva gubernamental, la migración desregulada está estrechamente ligada a los problemas de orden público. De la Espriella sostiene que no tolerará que extranjeros sin papeles cometan faltas en el territorio nacional, una postura que lo alinea ideológicamente con las políticas antimigratorias aplicadas por otros líderes de derecha en el continente como Donald Trump en Estados Unidos, José Antonio Kast en Chile y Gabriel Milei en Argentina. Como parte de esta narrativa de confrontación, el jefe de Estado ha elevado el tono discursivo al catalogar a los criminales como «terroristas» ante la ley, justificando así el uso de toda la fuerza legítima del Estado sin contemplaciones.
El cómo: Redadas, bloques especiales y expulsiones «Esta misma semana»
La implementación del mandato se caracteriza por su celeridad y el despliegue de un robusto aparato coercitivo. El presidente ordenó formalmente a Migración Colombia y a la Policía Nacional articular operativos conjuntos e inmediatos en las calles. La estrategia de persecución se ha estructurado en un orden de dos fases prioritarias:
- Primer término: Localizar y detener a aquellos extranjeros indocumentados que estén cometiendo delitos en el país.
- Segundo término: Ubicar a todos los migrantes que no hayan regularizado su situación administrativa para ser expulsados «en el término de la distancia» (lo más rápido posible).
El Ejecutivo ha enfatizado que las primeras deportaciones deben ejecutarse de manera prioritaria en el transcurso de esta misma semana. Para acompañar esta ofensiva, se ha anunciado un plan de seguridad integral que incluye la conformación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión —compuesto por fuerzas combinadas del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Fiscalía—, la reactivación de un sistema de recompensas, redadas masivas, redes de cooperantes civiles, traslados carcelarios de urgencia y la creación de cuerpos de élite con jueces y fiscales especializados en las principales ciudades.
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A pesar de la contundencia oficial, centros de pensamiento como el Cesed de la Universidad de los Andes recuerdan que la evidencia internacional y nacional demuestra que las deportaciones masivas tienen un impacto nulo en la reducción del delito, mientras que los procesos de regularización previa demostraron ser mucho más eficientes, económicos para el Estado y efectivos para reducir la reincidencia delictiva y mejorar la economía.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios con ayuda de IA.
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