EE.UU. asesta golpe financiero al «cartel militar» cubano: Díaz-Canel y la cúpula de los Castro en el punto de mira

El gobierno de los Estados Unidos ha escalado su presión contra lo que califica como una «campaña incesante de guerra política» por parte del régimen de La Habana. A través de una declaración de Marco Rubio, se anunció la implementación de nuevas medidas punitivas que buscan desmantelar las redes de influencia y financiamiento de la élite gobernante en la isla,.

06/05/2026. Bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026, el Departamento de Estado ha designado a cinco entidades y cinco individuos clave por su rol en la desestabilización de la seguridad nacional estadounidense. Entre los nombres más destacados en esta lista negra figuran el actual gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Alejandro Castro Espín, miembro de la familia Castro, junto con sus redes operativas.

Rubio subrayó que durante casi siete décadas, el régimen ha utilizado a Cuba como una «base de operaciones» para exportar la violencia de la izquierda radical y socavar los intereses de Washington en el hemisferio,.

Asfixia Económica al MINFAR y GAESA

La estrategia estadounidense apunta ahora directamente al corazón económico del régimen: el aparato militar. Rubio ha designado oficialmente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), lo que implica el bloqueo inmediato de todas sus filiales y participaciones mayoritarias.

Esta medida refuerza el cerco sobre el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado que, según la declaración, permite al ejército mantener un «control absoluto» sobre la economía cubana. Las nuevas reglas son claras: cualquier entidad en la que el MINFAR, GAESA o el Ministerio del Interior posean el 50% o más de participación se expone a severas sanciones de EE.UU.. Además, se ha incluido en las sanciones a una empresa conjunta de extracción de oro que, según la denuncia, enriquece a la élite a expensas del pueblo cubano.

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Estas acciones no solo buscan castigar la represión interna, sino también frenar los esfuerzos del régimen por movilizar movimientos revolucionarios radicales dentro de los propios Estados Unidos. El marco legal que sustenta estas decisiones incluye la O.E. 14380 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), instrumentos que instruyen al ejecutivo a promover de manera activa los derechos humanos, el libre mercado y la restauración de la democracia en la isla.

Con este movimiento, Washington reafirma su postura de no permitir que el régimen cubano siga financiando su permanencia en el poder mediante redes bancarias ocultas y la explotación de los recursos nacionales para el beneficio de un círculo selecto de militares.

Redacción equipo DHH.