El Congreso de ese pais investiga al pdte. Lasso por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas. Meses complicados para el mandatario.

El parlamento ecuatoriano aprobó con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones un informe que recomienda realizar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por corrupción que además involucra la relación de empresas estatales con el narcotráfico.

«No es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización», contestó el Ministro del gobierno Henry Cucalón a la votación. 

El informe fue presentado por una comisión legislativa investigadora liderada por Viviana Veloz, perteneciente al partido Unión por la Esperanza (Unes, centroizquierda) donde denunciaba el escándalo que denominaron «El Gran Padrino». Además, la Fiscalía General del Estado sigue investigando el «Caso Encuentro».

En este, el gobierno de Lasso es acusado por venta de cargos y contratos por responsabilidad del empresario Danilo Carrera que además es cuñado del presidente. 

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Los últimos 30 días fueron para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de los más complicados en sus 21 meses de mandato, ya que pasó de perder el referéndum promovido por su gobierno a verse al borde de un juicio político impulsado por la oposición, debido a una presunta trama de corrupción en empresas públicas.

Solo la moción de destitución, que logró salvar por pocos votos en medio de las fuertes protestas del movimiento indígena en junio pasado, puede compararse al momento actual que atraviesa el mandatario ecuatoriano.

La comisión legislativa concluyó que el mandatario obstaculizó la aplicación de la justicia debido a que no denunció los hechos contenidos en el informe policial, y, por el contrario, este fue reservado.

Según los audios revelados por el medio de comunicación digital La Posta, la red de corrupción vendía cargos y contratos de las empresas públicas, y, además, se habría financiado con un millón y medio de dólares la campaña electoral de Lasso.

Trascendió que posteriormente, a la llegada de Lasso a la Presidencia, el Servicio de Rentas Internas eliminó a Albania del listado de paraísos fiscales, a lo cual se suma el decreto presidencial que concentró poder del gerente coordinador de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, ex alto funcionario del Banco de Guayaquil, de la familia de Lasso, lo que propició los presuntos actos de corrupción.

Según el informe legislativo, simultáneamente existen más de 40 denuncias penales presentadas por la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, ante la Fiscal General del Estado por presuntas irregularidades en procesos de contratación en empresas públicas, a cargo del gobierno nacional.

En el debate parlamentario, Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que el presidente es «culpable, porque no cumplió con la oferta electoral, no permitió y no hizo bajar los impuestos, no le cumplió a los hospitales con medicinas; no tiene una sola obra nueva y dónde están los 22.000 millones de dólares que han cobrado hasta este momento en impuestos, todo para pagar deuda externa».