Fiscales federales de Nueva York preparan cargos contra el depuesto mandatario venezolano y su esposa por presuntos abusos contra ciudadanos de EE.UU. encarcelados durante su gobierno. El anuncio podría llegar este jueves, el mismo día en que Flores pide salir de prisión por motivos de salud.
10/07/2026. A nueve meses de su captura en Caracas, el expediente judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos podría ampliarse con una acusación de otra naturaleza, ya no centrada en la cocaína, sino en lo que ocurrió dentro de las celdas venezolanas. Fiscales de Nueva York se disponen a presentar nuevos cargos contra el exmandatario y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de estadounidenses que estuvieron bajo custodia del gobierno venezolano en los últimos años, según varias personas al tanto de la investigación, en una información revelada en exclusiva por CNN este miércoles 7 de octubre.
El anuncio podría producirse tan pronto como este jueves, de acuerdo con las mismas fuentes. Los nuevos cargos se vinculan con lo que Washington ha calificado como la detención injusta de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas mientras Maduro encabezaba lo que la cadena describe como un régimen represivo. CBS News confirmó la información por su cuenta y añadió que otras personas también podrían ser imputadas por su papel en los abusos contra esos detenidos. Hasta ahora, no se conocen ni los cargos precisos ni la identidad de las presuntas víctimas.
La defensa, por su parte, asegura no haber sido notificada. Barry Pollack, abogado de Maduro, dijo a CBS News que no ha recibido aviso alguno sobre posibles cargos adicionales, mientras que un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El momento elegido no parece casual. La nueva acusación llegaría en paralelo a una audiencia clave para Flores y apenas semanas antes de que el juez discuta la inmunidad que reclama la pareja. Pero tiene además un trasfondo estratégico más profundo. En mayo, CBS News informó que se ordenó a fiscales federales de Miami abrir una nueva investigación criminal contra Maduro, en medio de preocupaciones de que el caso pendiente en su contra fuera débil. A ello se suma un testigo de peso: en septiembre, Alex Saab, exministro de Industria del gobierno de Maduro, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero vinculado a una presunta trama de sobornos y aceptó cooperar con las investigaciones federales sobre el régimen, tras ser deportado desde Venezuela.
Desde el punto de vista político, una acusación por tortura cambia el relato. El caso de narcotráfico ha sido presentado por la defensa y por el chavismo como una persecución política o una cortina para justificar una operación militar. Un caso construido sobre testimonios de víctimas estadounidenses con nombre y rostro, varias de las cuales ya han declarado públicamente, resulta mucho más difícil de desacreditar ante un jurado y ante la opinión pública.
Rehenes en la mesa de negociación: el caso de los estadounidenses presos en Venezuela
Durante años, la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela fue uno de los focos más tensos de la relación entre Caracas y Washington. El gobierno de Maduro, que llegó a retener a más de una docena de estadounidenses, fue acusado por EE.UU. y por organizaciones defensoras de usarlos como fichas políticas, y varios de ellos han hablado públicamente de las torturas que dicen haber sufrido en prisión.
El caso más emblemático es el de los llamados «Citgo 6». Se trata de seis ejecutivos petroleros estadounidenses que fueron atraídos a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos casi cinco años, y que también denuncian haber sido sometidos a condiciones brutales. Los ejecutivos de la filial de PDVSA en Estados Unidos fueron arrestados en noviembre de 2017 cuando acudieron a Caracas a una reunión de trabajo, acusados de corrupción en un proceso que Washington siempre consideró fabricado, y pasaron buena parte de su cautiverio en instalaciones de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar.
Otros dos nombres concentran los testimonios más crudos. Matthew Heath, exinfante de Marina, y Osman Khan, residente de Florida, liberados en un canje de prisioneros en 2022, sostienen en una demanda civil que fueron sometidos a ahogamiento simulado, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, drogas que alteran la mente y aislamiento. Heath, originario de Tennessee y antiguo consultor de seguridad en Afganistán, fue arrestado en septiembre de 2020 en un punto de control en Venezuela.
La salida de ambos estuvo marcada, irónicamente, por la propia familia de Cilia Flores. El gobierno estadounidense determinó que los dos fueron detenidos injustamente sobre la base de cargos falsos. Heath y Khan fueron liberados, tras 752 y 259 días de detención respectivamente, en octubre de 2022, junto con cinco ejecutivos petroleros, a cambio de dos sobrinos de la entonces primera dama que cumplían condena en EE.UU. por narcotráfico.
Ese canje no cerró la herida. El 6 de enero de 2025, Heath y Khan presentaron una demanda contra Maduro en un tribunal federal de Miami, acusándolo a él y a varios funcionarios de liderar una red de tortura y secuestro para arrancar concesiones políticas y económicas a Washington. En el documento de 87 páginas, sus abogados sostienen que el secuestro, la tortura y el rescate de ciudadanos estadounidenses formaban parte de un plan continuo y sistemático para presionar a EE.UU. a hacer concesiones políticas, levantar el embargo petrolero e intercambiar prisioneros.
La vía civil ya ha dado resultados. El 15 de julio de este año, un juez federal impuso una indemnización de 314 millones de dólares contra Maduro y otros exfuncionarios en un proceso relacionado con presuntos secuestros, torturas y actos terroristas atribuidos al chavismo. Lo que se perfila ahora es un salto cualitativo: pasar de las compensaciones económicas a la responsabilidad penal, con la posibilidad de penas de prisión.
Nueve meses tras las rejas en Brooklyn: la situación actual de la pareja
La vida de Maduro y Flores cambió de forma abrupta en la madrugada del 3 de enero de 2026. Ese día, Estados Unidos ejecutó la llamada Operación Resolución Absoluta, en la que ambos fueron extraídos de Venezuela y capturados. Desde entonces, permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, adonde fueron trasladados tras ser apresados por fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial de Caracas.
El proceso por el que hoy están presos tiene raíces antiguas. El caso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y otras 14 personas fueron acusados por primera vez en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump. Maduro enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Ambos se declararon inocentes desde su primera comparecencia, en la que Pollack anunció múltiples mociones para impugnar la acusación y el arresto, que calificó de «secuestro militar».
El calendario judicial ya está trazado. El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, y programó para el 17 de noviembre de 2026 una audiencia para debatir las primeras mociones de la defensa, entre ellas la solicitud de desestimar el caso con el argumento de que Maduro debería gozar de inmunidad como jefe de un Estado soberano.
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En el frente inmediato está la salud de Flores. Su defensa pidió que se le permita esperar el juicio bajo arresto domiciliario, con localización por GPS, vigilancia armada las 24 horas, entrega de sus documentos de viaje y un custodio aprobado por el tribunal. Según el escrito, el 29 de julio Flores habría sufrido un episodio grave que, a juicio de sus abogados, pudo ser un infarto leve, aunque no ha sido confirmado médicamente. La defensa también sostiene que no ha recibido desde su ingreso en prisión la inyección mensual con la que trataba su prolapso de la válvula mitral, y que el gobierno de Trump se opone a su liberación. Hellerstein ordenó sellar su historial médico al considerar que su derecho a la privacidad prevalece sobre el acceso público. La audiencia para resolver la petición es este jueves.
Mientras tanto, en Venezuela el tablero político se ha reconfigurado. El poder quedó en manos de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora mandataria encargada, cuya administración ha impulsado un acercamiento con el gobierno de Donald Trump. Esa relación ha producido una paradoja que la defensa de Maduro intentará explotar: Washington sostiene que, mientras siga siendo jefa de Estado reconocida por EE.UU., Rodríguez goza de inmunidad en una demanda civil en Florida por presuntos secuestros y torturas. Los fiscales, sin embargo, ya han trazado la diferencia: argumentan que Maduro y Flores no pueden reclamar la misma protección, porque Caracas hizo gestiones formales para obtener inmunidad para Rodríguez, pero no lo hizo en el caso de Maduro.
¿Qué les espera? Los escenarios para Maduro y Cilia Flores
El primer escenario, y el más inmediato, es que la nueva acusación se formalice en los próximos días, probablemente mediante una acusación sustitutiva o un nuevo pliego ante un gran jurado. Si eso ocurre, la pareja tendría que comparecer de nuevo para declararse culpable o inocente de los nuevos cargos, y lo previsible es que reiteren su inocencia. Un detalle legal relevante es que la legislación federal estadounidense permite procesar actos de tortura cometidos fuera del país cuando el presunto responsable se encuentra en territorio de EE.UU., y contempla penas de hasta 20 años de prisión, o incluso cadena perpetua si la tortura causó la muerte. Combinado con el cargo de conspiración de narcoterrorismo, que por sí solo prevé un mínimo de 20 años y hasta prisión perpetua, el panorama penal para ambos se vuelve considerablemente más sombrío.
Un segundo factor es el efecto sobre la petición de Flores. Una acusación por tortura difícilmente juega a su favor justo cuando pide salir de prisión. La fiscalía puede argumentar mayor riesgo de fuga y mayor peligrosidad, aunque el juez deberá sopesar esos argumentos frente al cuadro médico, que permanece bajo sello. Que Hellerstein conceda el arresto domiciliario a una acusada vinculada a cargos de tortura, en un caso con evidentes implicaciones de seguridad nacional, parece hoy una posibilidad cuesta arriba.
El tercer gran frente es la inmunidad. La audiencia del 17 de noviembre será decisiva: si el juez rechaza el argumento de que Maduro conserva protección como exjefe de Estado, el camino hacia el juicio queda despejado. Los expertos recuerdan que existe un precedente de peso en la misma justicia estadounidense, el del panameño Manuel Antonio Noriega, capturado tras una invasión militar en 1989 y condenado por narcotráfico en Miami pese a alegar inmunidad. La defensa intentará distinguir ambos casos y, previsiblemente, insistirá en la ilegalidad de la captura, pero la jurisprudencia estadounidense ha sido históricamente reacia a anular procesos por la forma en que un acusado llegó ante el tribunal.
Un cuarto escenario, menos visible pero real, es la presión de los cooperantes. Con Alex Saab colaborando con la fiscalía y la posibilidad de que otras personas sean imputadas en el caso de tortura, Washington podría tejer una red de testigos que vincule directamente a la cúpula con los abusos en las cárceles. Eso eleva el incentivo para que antiguos funcionarios, ya acusados o temerosos de serlo, negocien acuerdos a cambio de declarar, lo que debilitaría la estrategia de la defensa.
Por último, está la dimensión política. La relación entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez introduce variables difíciles de prever, desde posibles negociaciones diplomáticas hasta presiones internas en Venezuela. Sin embargo, la nueva acusación enviaría una señal clara de que la administración Trump no pretende usar a Maduro como pieza de canje, sino llevarlo hasta el final del proceso. Para la pareja que durante años, según las víctimas, utilizó a ciudadanos estadounidenses como moneda de negociación, la ironía es evidente: ahora son ellos quienes dependen de la decisión de un tribunal extranjero, y el reloj corre hacia junio de 2027.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios y ayuda de IA.
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