Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes la semana pasada ante un tribunal de Estados Unidos tras ser acusados formalmente de conspirar para torturar a opositores políticos con el objetivo de mantenerse en el poder. Este nuevo cargo se suma a los delitos de narcotráfico que ya enfrentaban y coloca las presuntas violaciones de derechos humanos en el centro del proceso penal.
10/21/2026. El juicio de la pareja está programado para junio de 2027. Ambos fueron capturados en enero durante una incursión militar estadounidense en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump y posteriormente trasladados a Nueva York.
Un caso histórico sin precedentes
Maduro, de 63 años, y Flores, de 70, son la séptima y octava persona procesadas bajo una ley federal aprobada en 1994 que penaliza los actos de tortura cometidos en el extranjero.
Aunque la norma se ha aplicado antes a miembros de fuerzas paramilitares o directores de prisiones extranjeras, este proceso marca un hito: es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se procesa a un jefe de Estado por autorizar presuntamente el uso de la tortura en su propio país.
¿Qué establece la ley contra la tortura de 1994?
La legislación fue aprobada por el Congreso para cumplir con los compromisos de EE. UU. en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Sus aspectos principales contemplan:
- Definición legal: Define la tortura como todo acto destinado a infligir dolor o sufrimiento físico o mental severo a una persona bajo custodia.
- Jurisdicción estricta: La fiscalía estadounidense solo puede imputar este delito si los acusados son ciudadanos de EE. UU. o si se encuentran físicamente en territorio estadounidense.
- Penas severas: Cada delito de tortura se castiga con hasta 20 años de prisión, y puede llegar a la cadena perpetua o la pena de muerte si la víctima fallece.
- Caso de conspiración: Maduro y Flores no enfrentan la pena de muerte porque están acusados de conspirar para torturar, y no de haber ejecutado los actos directamente.
Las pruebas y el impacto en el juicio
La acusación presentada por la fiscalía federal de Manhattan incluye relatos detallados e incidentes específicos. En uno de los episodios descritos, ocurrido en 2018, oficiales militares venezolanos supuestamente golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con un irritante químico durante un interrogatorio sobre un líder opositor.
Tres de las presuntas víctimas señaladas en el expediente son ciudadanos estadounidenses, cuyos testimonios podrían resultar determinantes ante el jurado. Según expertos legales, centrar el caso en la represión política permitirá a los fiscales contar una historia más completa sobre los métodos utilizados por Maduro para retener el poder.
Por su parte, los abogados de Cilia Flores sostienen que ella es «completamente inocente» y prevén presentar recursos basados en la inmunidad soberana que protege a los jefes de Estado.
Puedes leer: Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania – dehablahispana.com
Pocos antecedentes en los tribunales
A lo largo de tres décadas, solo cuatro personas han sido condenadas bajo esta ley de 1994:
- Miembros de fuerzas paramilitares en Liberia y Gambia.
- El director de una prisión siria bajo el régimen de Bashar al-Assad.
- Un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.
Las condenas aplicadas previamente bajo este estatuto han oscilado entre los 60 y los 97 años de cárcel.
Redacción DHH sobre lectura de medios.
Más historias
Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania
Confirmado: Juez ordena el arresto de Raúl Castro por el derribo de avionetas
Voto latino en EE.U.: el exilio cubano y venezolano se debate entre la presión a sus países y sus propias preocupaciones