El Departamento de Justicia de Washington ha lanzado una ofensiva judicial que apunta directamente al corazón del gobierno de Sinaloa.
04/30/2026. Por primera vez en la historia contemporánea, un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, junto con una decena de altos mandos y legisladores, enfrenta una acusación formal por presuntos nexos operativos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
El expediente de Nueva York: ¿Gobierno o sucursal del crimen?
La acusación, radicada en el Distrito Sur de Nueva York bajo el mando del fiscal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, dibuja un panorama desolador sobre la institucionalidad en Sinaloa. Según el documento oficial, Rocha Moya no solo habría facilitado el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, sino que su llegada al poder en 2021 habría sido pavimentada por el propio cártel mediante una campaña de intimidación, robo de urnas y secuestro de rivales políticos.
La lista de implicados parece un directorio del poder estatal: desde el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, hasta jefes policiales y el vicefiscal de la entidad. Entre los cargos más escalofriantes destaca la presunta participación del comandante Juan Valenzuela Millán en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar de esta en 2023. A cambio de esta protección, los funcionarios habrían recibido pagos millonarios mensuales para filtrar información de operativos y resguardar cargamentos de droga.
La sombra del «Mayo» Zambada
El origen de esta tormenta judicial parece hallarse en el dramático secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Según cartas difundidas por el capo, este fue emboscado en una reunión a la que supuestamente asistiría el propio Rocha Moya. Fuentes cercanas al caso sugieren que la acusación actual se nutrió de la cooperación de Zambada con la justicia estadounidense para evitar la pena de muerte.
México contraataca: «Sin pruebas, es político»
Desde el Palacio Nacional, la respuesta no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha cerrado filas, no tanto con las personas, sino con el concepto de soberanía nacional. La mandataria calificó de «inédito» el hecho y advirtió que, si bien no se protegerá a delincuentes, no se permitirá la injerencia extranjera sin pruebas contundentes e irrefutables.
«Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político», sentenció Sheinbaum, cuestionando que la evidencia presentada por EE.UU. incluya apenas imágenes de supuestos sobornos anotados a mano en papel. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería han señalado que las solicitudes de extradición carecen de sustento probatorio suficiente bajo las leyes mexicanas y han enviado un extrañamiento por la violación a la confidencialidad de los tratados.
El «disparate jurídico» y el pacto de impunidad
Sin embargo, no todos en el ámbito académico coinciden con la defensa oficial. El analista Edgardo Buscaglia calificó como un “disparate jurídico” la exigencia de pruebas por parte del gobierno mexicano para iniciar el proceso de extradición. Según Buscaglia, la evidencia debe construirse durante el juicio y no como un requisito previo a la detención provisional, advirtiendo que esta postura refleja un persistente “pacto de impunidad mafiosa” que busca proteger a las redes criminales incrustadas en el Estado.
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¿Qué sigue para Rocha Moya?
Mientras la oposición en el Senado ya evalúa la desaparición de poderes en Sinaloa, Rubén Rocha Moya se mantiene firme. El gobernador se declara «limpio completamente» y asegura que no pedirá licencia, confiando en su formación como abogado para defenderse de lo que llama una «calumnia» contra la Cuarta Transformación.
El camino legal, no obstante, es complejo. Para que Rocha Moya o el senador Inzunza enfrenten a la justicia de Nueva York, primero deberían ser desaforados por congresos controlados por su propio partido, Morena, un proceso que podría verse frenado por años de amparos y recursos ante la Suprema Corte.
La moneda está en el aire: entre la exigencia de justicia de una potencia extranjera y la férrea defensa de la soberanía de un gobierno que se niega a ser «subordinado». Sinaloa, una vez más, es el epicentro donde se define el futuro de la seguridad y la política en México.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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