Encabezados por el expresidente chileno Gabriel Boric, más de dos centenares de figuras políticas, académicas y sociales de la región firmaron una declaración que reclama la liberación de los presos políticos y el regreso de la democracia a Nicaragua.
09/30/2026. Una parte significativa de la izquierda latinoamericana ha decidido marcar distancia pública con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de 200 personalidades de la región suscribieron este 30 de septiembre el manifiesto «Autodeterminación y soberanía para Nicaragua», un texto que califica al régimen de dictatorial y dinástico y que exige restituir las libertades suprimidas en el país centroamericano.
Una lista de firmantes con peso propio
La adhesión más visible es la de Gabriel Boric, quien dejó la presidencia de Chile este año. A su nombre se suman los de dos antiguos responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola y Paulo Abrão, ambos con amplio conocimiento de la situación nicaragüense desde el sistema interamericano.
El respaldo se extiende a legisladores y dirigentes de fuerzas progresistas como el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Amplio de Costa Rica y el Partido Raíces de Guatemala. La composición del grupo no es un detalle menor: se trata de voces del mismo espectro ideológico que durante décadas vio en el sandinismo un símbolo de emancipación.
El pronunciamiento llega pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara, el 1 de septiembre, una reforma constitucional que alarga los mandatos a siete años y veta la participación política de sectores opositores. Para los firmantes, esa modificación supone en la práctica el fin de la competencia electoral en Nicaragua.
El documento advierte además que la pareja presidencial ha formalizado una copresidencia con amplios poderes sobre el Estado, mientras sus hijos y otros familiares ganan espacios crecientes de influencia en la estructura de gobierno.
Del triunfo de 1979 a la deriva autoritaria
La declaración hace un recorrido histórico para sostener su argumento. Recuerda que en 1979 una amplia alianza encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dinastía de los Somoza, y que en 1990 ese mismo partido aceptó su derrota en las urnas y entregó el poder pacíficamente.
Según los firmantes, el alejamiento de aquellos ideales fue gradual: pactos entre élites, reformas electorales a la medida y la subordinación de las instituciones al partido fueron erosionando los contrapesos. Con el regreso de Ortega a la presidencia en 2007, los órganos electorales y judiciales perdieron rápidamente su independencia.
2018: el punto de quiebre
El texto identifica las protestas de abril de 2018 como el momento decisivo. Lo que comenzó como un rechazo a una reforma de la seguridad social se convirtió en una movilización nacional de estudiantes, campesinos, trabajadores y ciudadanos de muy distinta procedencia política.
La respuesta del Estado dejó 355 personas muertas y miles de heridos, y abrió un ciclo de represión que persiste. El balance que presenta el manifiesto es contundente: más de 5.000 organizaciones civiles ilegalizadas, universidades y medios cerrados o confiscados, partidos políticos eliminados, más de 450 personas despojadas de su nacionalidad y cerca de un millón de nicaragüenses en el exilio, muchos sin posibilidad de regresar.
Los firmantes denuncian también que la persecución ha cruzado fronteras, con asesinatos de opositores en el extranjero y reportes de vigilancia y amenazas contra la diáspora.
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Soberanía, pero del pueblo
El eje conceptual del documento es una redefinición de la soberanía, un término que el gobierno nicaragüense invoca con frecuencia frente a las críticas internacionales. Para los signatarios, la soberanía no se limita a la defensa del Estado ante potencias extranjeras: implica también que la ciudadanía pueda expresarse, organizarse y elegir sin miedo a represalias.
En esa línea, el texto rechaza de forma explícita cualquier intervención militar, económica o política externa, y sostiene que las banderas de Sandino no pueden usarse para justificar justamente aquello contra lo que lucharon generaciones de nicaragüenses. La solidaridad, afirman, debe estar con los principios y con los pueblos, no con quienes alguna vez encabezaron una revolución.
Un llamado a partidos, movimientos y gobiernos
El manifiesto concluye con una convocatoria a partidos, sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y gobiernos para que rechacen al régimen, exijan la liberación de los presos políticos y respalden la creación de condiciones para que los nicaragüenses decidan su futuro.
La consigna final resume el espíritu de la iniciativa: que el destino de Nicaragua no lo determine «ni una potencia extranjera, ni una familia, ni un autócrata», sino su propia ciudadanía, tanto la que permanece en el país como la que se vio obligada a marcharse.
Redacción equipo DHH sobre lectura de agencias.
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