Apenas transcurrieron 72 horas desde que entregó el cargo al nuevo mandatario Abelardo De La Espriella, el expresidente Gustavo Petro ya tiene la mirada fija más allá de las fronteras de Colombia. El pasado lunes 10 de agosto de 2026, Petro radicó una solicitud formal ante la Mesa Directiva del Senado para ausentarse del país por un año completo.
La petición, en la que argumenta fines «personales, sociales, políticos y académicos», ha encendido un intenso debate político en un Congreso que deberá decidir si le otorga el boleto de salida o le aplica el freno de mano constitucional.
El «candado» de los doce meses: ¿Por qué Petro debe pedir permiso?
En Colombia, la ley establece una restricción particular para quienes han ostentado la presidencia de la nación. De acuerdo con los artículos 173 (numeral 3) y 196 de la Constitución Política, así como el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992, ningún expresidente puede salir de territorio nacional durante el año siguiente al cese de sus funciones sin la previa autorización del Senado.
Este mecanismo legal no es un simple capricho burocrático. Se trata de un «candado» constitucional diseñado específicamente para:
- Garantizar la transparencia de la administración saliente.
- Evitar posibles evasiones ante eventuales investigaciones o requerimientos de los organismos de control.
- Asegurar la disponibilidad del exmandatario ante las autoridades del país mientras se cierra el empalme de su administración.
Un equipaje cargado de tormentas jurídicas y bloqueos financieros
El viaje que proyecta Petro no se da en un terreno despejado, sino en medio de una alta tensión institucional y un complejo panorama legal. El exmandatario arrastra un pesado equipaje judicial: más de un centenar de procesos penales y disciplinarios pendientes. Las indagaciones giran, principalmente, en torno a presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022 y su participación en el proceso electoral de 2026.
Ante este escenario, algunos legisladores ya han manifestado sus dudas y cuestionan abiertamente si Petro se comprometerá a regresar a Colombia en caso de ser requerido por la justicia.
Por si fuera poco, los desafíos de Petro para cruzar fronteras no son solo políticos y jurídicos, sino también logísticos y financieros. Debido a su inclusión en la Lista Clinton por parte de la administración del estadounidense Donald Trump, Petro presenta inconvenientes que le dificultan comprar tiquetes de viaje y manejar dinero en el sistema financiero convencional.
La decisión final: El tablero en manos del Senado
El futuro inmediato de Gustavo Petro y su pretendida agenda internacional están ahora bajo la tutela del legislativo. La carta enviada por el exmandatario solicita expresamente que su petición sea sometida a consideración y votación en la plenaria más próxima.
La pelota está en el terreno de Honorio Henríquez, actual presidente del Senado, quien tendrá la responsabilidad de agendar la discusión del viaje de Petro. Las reglas del juego son claras:
- De sumar las mayorías de votos a favor, el exmandatario podrá salir de Colombia durante todo el año posterior a su salida del gobierno.
- Si la solicitud es rechazada, probablemente tendrá que quedarse un año en el país para movilizarse de forma libre.
¿Verá el Congreso esta solicitud como un retiro académico y social legítimo, o influirá el complejo panorama legal de Petro en la votación final? La discusión promete ser una de las más álgidas de las próximas plenarias.
Redacción equipo DHH.
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