El presidente Donald Trump ha generado un intenso debate político y legal tras prometer un pago de $5,000 dólares a cada adulto estadounidense, condicionado a que el Partido Republicano conserve la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre.
09/10/2026. Presentada durante una convención partidaria en Dallas bajo el nombre de «Dividendo Trump», la propuesta exige que los beneficiarios sean ciudadanos adultos y que el dinero sea gastado en compras dentro del país. Por su parte, el vicepresidente JD Vance aclaró que los cheques no se entregarían a las personas de mayores ingresos y sugirió que el plan se financiaría con los ingresos recaudados por aranceles.
El marco legal: ¿Qué establece el Código 18 U.S.C. § 597?
Para determinar la legalidad de este anuncio, el punto de referencia clave es el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 597. Esta norma federal prohíbe estrictamente realizar u ofrecer cualquier tipo de pago o bien de valor para influir en el voto de una persona, ya sea para que vote, se abstenga de votar o apoye a un candidato específico.
- Alcance de la prohibición: La ley sanciona por igual a quien ofrece o entrega el dinero y a quien lo solicita o recibe. Además, no se requiere demostrar que el voto cambió efectivamente; la sola oferta con la intención de influir constituye una infracción.
- Penas y sanciones criminales: Las violaciones no intencionales se procesan como delitos menores, con penas de hasta 1 año de prisión y multas de hasta $100,000 dólares. En cambio, si la violación es intencional o deliberada, se eleva a delito grave con hasta 2 años de prisión federal y multas de hasta $250,000 dólares.
Análisis comparativo: ¿Es un soborno ilegal o una promesa de campaña legítima?
El análisis sobre la legalidad del «Dividendo Trump» frente a la Sección 597 se divide en dos posturas principales:
- La interpretación de legitimidad (Promesa electoral): Analistas y expertos legales, como el abogado John Day, argumentan que la medida es legal porque el dinero se distribuiría a toda la población adulta elegible de manera universal, sin importar cómo voten o si deciden no participar. Bajo esta lógica, la oferta no califica como una transacción directa por votos individuales, sino como una promesa de campaña broad-based, comparable a prometer una rebaja generalizada de impuestos.
- La interpretación de ilegalidad (Soborno político): Dirigentes de la oposición, como el representante Jamie Raskin y el gobernador Gavin Newsom, califican el anuncio como un «soborno político». Quienes sostienen esta postura consideran que condicionar la entrega de un cheque directo a la victoria en las urnas de un partido específico vulnera el espíritu de las leyes de integridad electoral al utilizar recursos monetarios masivos como incentivo electoral.
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Los obstáculos financieros y constitucionales
Más allá del debate jurídico sobre la compra de votos, la viabilidad de la propuesta enfrenta serias barreras económicas e institucionales:
- Costo astronómico: Entregar $5,000 dólares a los aproximadamente 276.8 millones de adultos en EE. UU. representaría un gasto de $1.384 billones de dólares (o unos $1.27 billones si se limita únicamente a ciudadanos). Esta cifra supera con creces los $814 mil millones de dólares destinados en conjunto a las tres rondas de cheques de estímulo por la pandemia de COVID-19.
- Financiamiento insuficiente: Los aranceles recaudaron $195 mil millones de dólares en el año fiscal 2025, una cantidad sumamente inferior a lo requerido para cubrir el pago. Además, la Corte Suprema invalidó en febrero aranceles clave impulsados por la administración.
- Déficit e inflación: El país arrastra un déficit fiscal cercano a los $1.8 billones de dólares y una deuda nacional superior a los $40 billones. Economistas como Marc Goldwein advierten que el Estado no cuenta con un superávit para repartir y que inyectar más de un billón de dólares impulsaría la inflación, que actualmente se ubica en un 3.4%.
- Falta de autoridad ejecutiva: El presidente no tiene la facultad unilateral para emitir estos pagos mediante orden ejecutiva; el proyecto requeriría obligatoriamente la aprobación del Congreso.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
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