En el complejo tablero de la política en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha comenzado a desplegar una estrategia de doble discurso que busca equilibrar la supervivencia de su estructura social con las exigencias de una transición inminente. Por un lado, Rodríguez ha relanzado la épica del «Estado Comunal» al anunciar que la Segunda Consulta Popular Nacional se celebrará el 11 de octubre de 2026. Este evento, que convoca a consejos comunales, comunas y, por primera vez, a juntas de condominio para decidir el destino de recursos públicos en proyectos locales, funciona como un potente mecanismo de agitación y movilización para mantener a su base política cohesionada y «animada» bajo la premisa de consolidar un supuesto «camino democrático».
08/17/2026. Sin embargo, esta narrativa de empoderamiento popular choca frontalmente con la realidad de las mesas de negociación en Caracas. Mientras Rodríguez arenga a las bases sobre la soberanía de los proyectos comunitarios, su administración ha aceptado una sumisión institucional sin precedentes al pactar con un sector de la oposición la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el fortalecimiento del poder electoral. Este acuerdo, alcanzado bajo la tutela de Estados Unidos en un ciclo de diálogo que busca sentar las bases para una transición a la democracia, implica un reinicio total del sistema judicial que hasta ahora ha servido de guardián legal al proyecto chavista.
El análisis periodístico sugiere que este doble discurso es una maniobra de preservación política. Al impulsar la consulta del 11 de octubre, Rodríguez intenta garantizar que su estructura social y política —el corazón del chavismo territorial— permanezca activa y con acceso a financiamiento directo del Estado. No obstante, la contradicción es flagrante: la renovación de todos los magistrados del TSJ y de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo criterios de independencia y mérito, podría dar al traste con el andamiaje legal que sostiene a las comunas como entidad de poder. Es, en esencia, un intento de mantener viva la llama de la revolución en la calle mientras se entregan las llaves de los tribunales en el Gran Meliá Caracas.
Esta dualidad también refleja la fragilidad de un gobierno que asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro y que ahora se ve forzado a negociar su propia fisonomía institucional. La presidenta Rodríguez se ve obligada a proyectar una imagen de control ante sus seguidores, asegurando que los recursos irán «directamente a lo que decida la comunidad», al tiempo que su delegación, encabezada por Jorge Rodríguez, firma compromisos que prevén un consejo de revisión de credenciales para desmantelar la actual composición del máximo tribunal.
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Finalmente, el éxito de este equilibrismo político es incierto. Por un lado, sectores de la ciudadanía y el sindicalismo exigen elecciones presidenciales inmediatas y cuestionan la legitimidad de los actores en la mesa de diálogo. Por el otro, el plan de Washington de tres fases —estabilización, recuperación y transición— presiona para que la renovación de los poderes públicos sea el primer paso real hacia un cambio de mando, lo que convertiría a la consulta popular de octubre en un ejercicio simbólico de una estructura social que podría perder su sustento jurídico en el nuevo orden institucional pactado. Delcy Rodríguez camina así por una cuerda floja, intentando alimentar la fe de su base mientras cede, párrafo a párrafo, los cimientos del poder que una vez fueron innegociables.
Redacción equipo DHH.
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