La implicación de la militarización en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en México en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.

01/16/2024. “Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Este jueves, la Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime.

Aunque precipitado por los acontecimientos, el plan de Ecuador no es nuevo.

Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución —que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno— para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas.

Y en el resto de América Latina, tampoco es nuevo.

La región está plagada de ejemplos, desde México hasta el Cono Sur, de cómo se atribuyeron a los militares —de manera temporal o prácticamente permanente— funciones contra el narcotráfico que en ocasiones contribuyeron a desarrollar operaciones exitosas y, muchas otras, dejaron resultados plagados de claroscuros en la historia reciente.

Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la histórica presión de Estados Unidos, que percibía una extrema debilidad en los sistemas de justicia y seguridad pública de la región.

“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”, remarca.

Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares, quienes gozan de una imagen positiva entre buena parte de la ciudadanía y cuentan con un gran armamento y capacidad de despliegue territorial, le dice el experto a BBC Mundo.

México y Colombia

México es uno de los más claros ejemplos de esta tendencia.

La implicación de militares en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.

Las labores castrenses contra el narcotráfico se mantuvieron desde entonces, aunque fue sin duda durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuando se registró un parteaguas al poner en marcha la conocida “guerra contra el narco”.

En esta estrategia se involucraron todas las comandancias militares con el objetivo de recuperar territorios en manos del crimen organizado.

Pero las autoridades mexicanas reconocieron solo cuatro años después no haber conseguido su propósito en medio de una violencia creciente, que acabó con el sexenio de Calderón duplicando con 121.000 el número de homicidios del gobierno anterior, según las cifras oficiales.

También en aquel período fue que echó a andar la Iniciativa Mérida, el programa de EE.UU. dirigido a “contrarrestar la violencia alimentada por las drogas” por el que transfirió a México miles de millones de dólares en equipo militar, especialmente durante su primera etapa iniciada en 2008.

“La guerra contra el narco es una experiencia fallida y más bien fue una estrategia política del presidente Calderón para obtener legitimidad para su gobierno. Lamentablemente, a esta política se le dio continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual de López Obrador”, subraya Saucedo.

Resultados

La militarización de operaciones contra el tráfico de drogas se ha visto igualmente en Brasil o Venezuela, entre otros. También durante estados de excepción temporales impuestos en Guatemala u Honduras.

El caso más reciente es el de El Salvador, donde el ejército también se desplegó contra las pandillas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado durante los últimos casi dos años en los que se redujo drásticamente la violencia, a la vez que se dispararon las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“El riesgo para Ecuador es que caiga en la tentación de promover el mal llamado ‘modelo Bukele’ basado en un ‘estado de excepción permanente’ con un enfoque en el encarcelamiento masivo, juicios sumarios y la cooptación del sistema de justicia y que, si bien genera “logros iniciales”, dudosamente éstos sean sostenibles en el tiempo”, le dice a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Valorar con cifras estas incursiones militares es complicado, dada la dificultad de atribuirles en exclusiva los resultados obtenidos —y no a otras fuerzas de seguridad con las que trabajan conjuntamente—, así como la imposibilidad de saber qué habría ocurrido de no haberse implicado en estas tareas.

“En países como Brasil, México y Colombia, los despliegues militares para combatir el narcotráfico no siempre han tenido los resultados esperados. Incluso a veces han llevado al aumento de la violencia”, publicó Insight Crime en un artículo de 2019 sobre la decisión entonces del gobierno de Chile de enviar al ejército a su frontera norte para detener el ingreso de drogas.

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Perspectiva de futuro

Jiménez Sandoval, de WOLA, critica que “la militarización de la seguridad ciudadana y las respuestas improvisadas que no parecen cumplir con los criterios básicos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza no son nunca la estrategia más adecuada para combatir la violencia en ninguna sociedad”, como ya lo muestran, asegura, las experiencias de países como México y Colombia.

Expertos también apuntan a otro efecto no deseado de la militarización de la seguridad como es el hecho de que los propios narcotraficantes también se están militarizando. Así, en los últimos años han incrementado su uso de minas terrestres, drones o aeronaves.

“El narcotráfico tiene la capacidad para armarse incluso más fuerte que el ejército”, alerta Saucedo.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), vincula esta militarización con el debilitamiento del mando civil y la política.

“En un país normal, la democracia va acompañada de policías civiles. Donde hay mucha criminalidad, los militares toman el control y esto debilita la democracia. Y el riesgo es que no tenga reversa, lo cual es muy difícil”, le dice a BBC Mundo.

Lo cierto es que, de cara al futuro, no parece que esta tendencia vaya a disminuir en América Latina a juzgar por las declaraciones de gobiernos como el de Colombia o México, cuyo presidente ha depositado su confianza al máximo en el ejército para desempeñar distintas labores y que además enfrenta la presión de su vecino Estados Unidos para que haga más en su lucha contra las drogas.

“Esta estrategia (de la militarización frente al narcotráfico) está bastante implementada, por lo que yo esperaría más entrenamiento y más armamento para este tipo de actividades. Esto no va a desaparecer, sino que va a aumentar”, concluye Dudley de Insight Crime.

Con información de prensalibre.com