En un giro determinante para la política boliviana, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha emitido una orden de aprehensión formal contra el expresidente Evo Morales Ayma. El exmandatario se encuentra bajo la lupa judicial por su presunta responsabilidad en los 53 días de bloqueos que paralizaron al país, medidas que asfixiaron la economía nacional y el abastecimiento básico.
07/29/2026. La investigación, impulsada por denuncias del Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, imputa a Morales delitos de extrema gravedad, entre los que destacan terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, e instigación pública a delinquir. Según el documento fiscal, la presencia del sindicado es considerada «imprescindible» por ser el presunto autor de los hechos que provocaron desabastecimiento de alimentos, oxígeno medicinal y combustibles en ciudades clave como La Paz y El Alto.
Esta no es la única cuenta pendiente de Morales con la justicia. El exlíder cocalero ya arrastra una orden de detención previa por no haberse presentado a declarar en un juicio relacionado con un presunto caso de abuso a una menor de 15 años durante su mandato. Desde 2024, Morales ha evadido estas citaciones refugiándose en su feudo del Chapare, en el centro del país.
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Persecución política o justicia: el choque de versiones
Ante la noticia, Morales se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que «no nos van a intimidar». El expresidente denunció ser víctima de una persecución política orquestada por el actual gobierno de Rodrigo Paz para intentar ocultar, según sus palabras, la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
Por su parte, el Ejecutivo liderado por Paz —quien asumió el cargo el 8 de noviembre poniendo fin a dos décadas de hegemonía de izquierda— sostiene que las protestas de mayo y junio fueron un plan de desestabilización promovido directamente por Morales. Aquellas movilizaciones resultaron en la trágica pérdida de más de 15 vidas, principalmente debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas.
Con varios dirigentes sociales ya en prisión por estos mismos hechos, el panorama para Morales se torna cada vez más complejo mientras la justicia busca establecer las responsabilidades finales tras el caos que mantuvo a Bolivia en vilo por casi dos meses.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
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