En un país donde cada palabra presidencial resuena como un trueno, Javier Milei volvió a encender el debate público con un tuit que mencionaba a un niño autista. Lo que para él fue una expresión legítima de su pensamiento, para miles fue una herida abierta en el tejido de la empatía social.
08/12/2025. El presidente argentino defendió su publicación alegando que no vulnera derechos ni limita la libertad de expresión. “No hay delito en decir lo que uno piensa”, afirmó, en un tono que mezcla convicción con desafío. Para Milei, el problema no está en el mensaje, sino en la “hipersensibilidad de una sociedad adoctrinada por la corrección política”.
Milei calificó a Ian Moche como “kuka” —término despectivo hacia el kirchnerismo—.
«El tweet que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional», argumentó el presidente en un escrito presentado ante la Justicia.
Pero la respuesta no tardó en llegar. Asociaciones de padres, colectivos de neurodivergencia y especialistas en salud mental calificaron el mensaje como “estigmatizante, cruel y profundamente irresponsable”. En redes sociales, el hashtag #RespetoNeurodiverso se convirtió en tendencia, mientras miles exigían una disculpa pública.
La controversia ha escalado hasta los tribunales. Milei presentó una defensa legal basada en el principio de libertad de expresión, argumentando que su tuit no constituye discurso de odio ni incitación a la discriminación. Sin embargo, juristas advierten que cuando se trata de figuras públicas, el impacto de sus palabras debe medirse con una vara ética más alta.
En medio del fuego cruzado, queda una pregunta que trasciende la política: ¿puede un presidente hablar sin filtros cuando sus palabras afectan a los más vulnerables?
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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