Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en una encrucijada judicial sin precedentes tras ser procesada formalmente por cuatro presuntos delitos que apuntan al uso de su posición institucional para beneficio personal.
04/13/2026. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha concluido que Gómez pudo utilizar el Palacio de la Moncloa no solo como residencia, sino como un centro de operaciones para proyectar sus negocios privados.
A continuación, desglosamos de manera didáctica los pilares de esta investigación:
1. El eje del conflicto: la cátedra en la complutense
El corazón de la acusación reside en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que Gómez codirigió entre 2020 y 2024. Según el magistrado, esta plataforma académica no tuvo un fin estrictamente universitario, sino que sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para Gómez, quien ni siquiera contaba con una licenciatura previa, un requisito inusual para tales cargos.
2. Los cuatro delitos explicados
El juez ha decidido procesar a Gómez por una combinación de cargos que sugieren un esquema de beneficio mutuo entre lo público y lo privado:
- Tráfico de influencias: Se le acusa de valerse de su estatus como «esposa del presidente» para obtener un acceso privilegiado a figuras institucionales. Un ejemplo clave es la reunión en Moncloa con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien tras ese encuentro ordenó la creación de la cátedra para ella.
- Corrupción en los negocios: El juez sostiene que la cátedra pudo ser una «fachada» para recibir retribuciones encubiertas de empresas privadas que la financiaban, bajo la expectativa de obtener ventajas comerciales o de adjudicación pública en el futuro.
- Apropiación indebida: Este cargo se centra en un software de sostenibilidad desarrollado para la universidad con fondos de la UCM y donaciones de empresas tecnológicas. Se alega que Gómez registró este software a nombre de una empresa de su propiedad, lo que el juez califica como un acto con claro ánimo de lucro.
- Malversación de caudales públicos: Se investiga el uso de recursos del Estado para fines privados. En este punto cobra relevancia Cristina Álvarez, asesora de Moncloa pagada con dinero público, quien habría realizado gestiones comerciales y logísticas para los proyectos personales de Gómez.
3. El Cargo descartado: intrusismo laboral
No todas las acusaciones prosperaron. El juez Peinado ha decidido exonerar a Gómez del delito de intrusismo laboral. Aunque se investigaba si había firmado pliegos técnicos sin tener la titulación necesaria, el magistrado consideró que los indicios eran «endebles» y que no había pruebas suficientes de que se requiriera un título específico para dichas firmas.
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¿Qué sigue ahora?
La instrucción está llegando a su fin y el juez ha rechazado nuevas diligencias solicitadas por la defensa, argumentando que no aportarían nada nuevo. El caso se encamina hacia un juicio oral ante un jurado popular, compuesto por ciudadanos que deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Gómez.
Mientras tanto, desde China, Begoña Gómez mantiene su postura de inocencia, y Pedro Sánchez califica el proceso como un intento de la oposición para desgastar a su Gobierno. Sin embargo, la resolución judicial subraya que la actividad de Gómez desde 2020 muestra una «evidente vocación de proyección externa y operatividad en el tráfico económico» basada en su influencia política.
Redaccion Albitrio Fabrepe para DHH.
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