La administración de Javier Milei decidió clausurar el acceso a la Casa Rosada para todos los periodistas acreditados en Argentina. Bajo el argumento de una presunta campaña de “espionaje ilegal”, el Ejecutivo procedió a eliminar los registros de huellas dactilares de unos 60 trabajadores de prensa, impidiéndoles de forma inmediata el ingreso a la sede de gobierno.
04/23/2026. La jornada en Balcarce 50 se transformó en un escenario de exclusión cuando efectivos de la Casa Militar y la Policía Federal, portando listas con nombres y fotos, bloquearon el paso de cronistas que llevan décadas cubriendo el área presidencial. Ante la imposibilidad de entrar a la histórica Sala de Periodistas, los comunicadores se vieron forzados a improvisar sus redacciones en una confitería cercana frente a la Plaza de Mayo.
El detonante oficial de este «blindaje» fue una denuncia penal impulsada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal TN. El Gobierno sostiene que la difusión de imágenes de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno —captadas para un informe sobre internas políticas— representa una amenaza a la seguridad nacional y la revelación de secretos de Estado. La denuncia, que consta de nueve páginas, quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Mientras las puertas se cerraban físicamente, el presidente Milei utilizó sus redes sociales para celebrar la expulsión de la prensa con términos agraviantes. El mandatario compartió memes y calificó a los trabajadores de prensa como “sicarios del micrófono”, afirmando que se terminó la época de las «operetas periodísticas sin consecuencias».
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Esta restricción total coincide significativamente con la visita a la Casa Rosada de Peter Thiel, el influyente magnate de Silicon Valley y fundador de Palantir. Thiel, aliado de Donald Trump, es conocido por sus polémicas posturas donde cuestiona la compatibilidad entre la libertad y la democracia, además de liderar empresas dedicadas al rastreo y análisis de datos a gran escala.
Para los periodistas veteranos, este hecho representa un quiebre institucional inédito. Lo que el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, define como una medida «preventiva» para garantizar la seguridad, es denunciado por los profesionales del sector como una escalada de censura que deja a la Casa de Gobierno en un silencio informativo absoluto.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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