La Administración Trump ha puesto en marcha una maquinaria legal sin precedentes para desmantelar el estatus legal de cientos de personas, marcando lo que expertos consideran un ataque directo a la estabilidad de los inmigrantes que lograron integrarse en EE.UU.. El Departamento de Justicia ha identificado a una «primera oleada» de 384 ciudadanos nacidos en el extranjero para revocarles su nacionalidad, asignando estos casos a fiscales de 39 oficinas regionales en todo el país.
04/24/2026. Esta medida no es un trámite rutinario; representa un esfuerzo por alcanzar el «volumen más alto» de revocaciones en la historia de Estados Unidos.
¿Qué es la ciudadanía naturalizada? El riguroso camino hacia la pertenencia
La ciudadanía naturalizada es el estatus legal que obtienen las personas que no nacieron en territorio estadounidense, pero que se convierten en ciudadanos tras un exhaustivo proceso de inmigración y verificación. Para alcanzar este derecho, los solicitantes deben cumplir años de residencia legal (generalmente cinco años con green card o tres si es por matrimonio), proporcionar datos biométricos, demostrar un «buen carácter moral» y aprobar exámenes de inglés e historia cívica. Una vez obtenida, los naturalizados gozan de casi todos los derechos de un ciudadano nacido en el país, con la única excepción de no poder postularse a la presidencia.
Una cacería legal que desafía la historia
Lo que resulta alarmante para diversos juristas es la escala y la intención política detrás de esta iniciativa. Mientras que entre 1990 y 2017 el promedio era de apenas 11 casos de desnaturalización al año, la actual administración busca procesar cientos en cuestión de meses. Para lograrlo, el gobierno está desviando recursos de fiscalías que tradicionalmente priorizaban delitos como el fraude sanitario o la aplicación de leyes de derechos civiles, enfocándolos ahora en esta ofensiva migratoria.
El argumento oficial se centra en erradicar el «fraude de ciudadanía», como matrimonios ficticios o el ocultamiento de antecedentes penales. Sin embargo, el uso de términos ambiguos como la falta de «buen carácter moral» ha encendido las alarmas, ya que organizaciones como el Brennan Center for Justice advierten que esto podría usarse para castigar a ciudadanos por realizar actividades protegidas por la Primera Enmienda, como participar en protestas políticas.
Esta campaña envía un mensaje demoledor: la ciudadanía para los nacidos en el extranjero ya no es un puerto seguro, sino un estatus condicional y frágil. Al desestabilizar principios de ciudadanía establecidos hace décadas, el gobierno parece sugerir que los naturalizados no poseen la misma seguridad jurídica que los ciudadanos por nacimiento, transformando un derecho fundamental en una herramienta de presión política.
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A pesar de que la ley exige «evidencia clara, convincente e inequívoca» para despojar a alguien de su nacionalidad, la presión de la Casa Blanca para acelerar estos litigios pone en duda si se respetará el debido proceso en esta agresiva expansión del poder federal.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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