Artículo de opinión del analista político y periodista de Venezuela Edward Rodriguez sobre los últimos movimientos realizados en la Fiscalía General de la República.
06/08/2026. En Venezuela ocurre algo curioso. Cada cierto tiempo cambian los nombres, los cargos, las oficinas y hasta los discursos oficiales; pero lo que rara vez cambia son los resultados.
La llegada de Larry Daniel DeVoe Márquez a la Fiscalía General de la República parecía una de esas ocasiones en las que el poder intenta vender renovación sin necesidad de renovar nada; una especie de remodelación institucional donde se cambia la pintura de la fachada mientras las grietas permanecen intactas.
Su nombramiento generó expectativas, aunque quizás la palabra correcta sea interrogantes porque cuando alguien llega a ocupar uno de los cargos más importantes del sistema de justicia venezolano, la pregunta no es quién es, sino qué está dispuesto a corregir.
Y precisamente allí aparece el problema. Venezuela no necesitaba un simple relevo administrativo, no hacía falta cambiar la firma al pie de los documentos ni sustituir una fotografía en la pared; lo que el país necesita desde hace años es una rectificación moral e institucional.
Se esperaba, por ejemplo, una revisión profunda de los casos denunciados como persecución política, una investigación seria sobre las denuncias de tortura documentadas por organismos internacionales, una evaluación de los procesos judiciales plagados de irregularidades, una señal clara de independencia frente a los organismos de inteligencia señalados reiteradamente por violaciones de derechos humanos.
Hasta ahora, la percepción dominante parece ser otra: continuidad.
Larry DeVoe no aterrizó en la Fiscalía desde un limbo institucional. Durante años fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia desde la cual defendió posiciones que terminaron convirtiéndose en parte del problema que hoy debería ayudar a resolver.
Entre ellas destacó el bloqueo al ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país; una decisión que, presentada como defensa de la soberanía, terminó transmitiendo un mensaje mucho más simple: quienes investigan violaciones de derechos humanos no son bienvenidos.
Como si esconder el termómetro pudiera curar la fiebre.
Tampoco desaparece de un plumazo otro dato relevante. En 2019, Canadá incorporó a DeVoe en una lista de funcionarios sancionados por considerar que habían sido responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos o de actos significativos de corrupción. Ese antecedente no condena automáticamente a nadie, pero sí obliga a observar con más atención, a exigir más explicaciones, a elevar el nivel de escrutinio.
Cuando alguien llega al máximo órgano acusador del país cargando semejante equipaje político, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
Y es precisamente allí donde comienza el verdadero examen: ¿Qué ha hecho la nueva gestión frente a los presos políticos?, ¿Qué ha hecho frente a las denuncias de torturas?, ¿Qué ha hecho frente a las desapariciones temporales, las detenciones arbitrarias, las audiencias suspendidas indefinidamente y los procesos que parecen diseñados para castigar antes de juzgar?
Las respuestas siguen siendo sorprendentemente escasas.
Mientras tanto, familiares de detenidos continúan protestando frente a la sede del Ministerio Público. No exigen privilegios, no piden favores, no reclaman inmunidades; piden algo mucho más elemental: piden justicia.
Cuando una institución llamada a defender derechos responde con silencio frente a denuncias tan graves, ese silencio deja de ser neutral y se convierte en un mensaje.
Por eso el balance preliminar de la gestión DeVoe puede resumirse en tres grandes ausencias: uno, la ausencia de acciones contundentes; dos, la ausencia de una ruptura institucional visible; y tres, la ausencia de empatía frente al sufrimiento humano que existe detrás de cada expediente.
Porque los expedientes no lloran, las madres sí; los documentos no esperan llamadas, los hijos sí; los archivos no pasan años preguntándose cuándo terminará una pesadilla; las familias sí.
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Ser fiscal general no consiste en administrar papeles, tampoco en ofrecer ruedas de prensa cuidadosamente calculadas ni en repetir fórmulas jurídicas aprendidas de memoria. Ser fiscal general significa convertirse en la última barrera entre el ciudadano y el abuso del poder.
Y cuando esa barrera desaparece, lo que queda ya no es justicia, es indefensión.
El reloj corre, y cada día sin respuestas fortalece una conclusión que cada vez más venezolanos comienzan a considerar inevitable: que cambió el fiscal, pero no la Fiscalía.
Por eso la pregunta ya no es quién es Larry DeVoe. La pregunta es qué hará cuando la historia le presente la oportunidad de elegir entre proteger al poder o proteger a los ciudadanos.
Porque los cargos pasan, los discursos se olvidan, las propagandas caducan, pero las víctimas permanecen.
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