En lo que representa el cambio económico más drástico desde el triunfo de la revolución, el gobierno de Cuba ha puesto en marcha un ambicioso paquete de 176 medidas para liberalizar su economía, intentando emular el capitalismo de Estado de China o Vietnam. Sin embargo, esta apertura interna coincide con una ofensiva legal y financiera sin precedentes desde Estados Unidos, que busca asfixiar las fuentes de ingresos de la élite militar que controla la isla.
06/23/2026.
Bajo el mando de Miguel Díaz-Canel, el régimen busca implementar una «economía de mercado de inspiración socialista» que permita la supervivencia del sistema de partido único mientras se descentraliza la producción. Entre las reformas aprobadas destacan la autorización de la banca privada, la expansión de empresas privadas con más de 100 empleados, el fin del control de precios y la eliminación de seis ministerios para reducir la burocracia.
Esta transformación ocurre en un contexto de catástrofe humanitaria, con una inflación desbocada, apagones prolongados y una caída del 58.4% en el turismo durante 2026, agravada por un bloqueo energético impuesto por Washington.
GAESA en la mira: Nuevas sanciones financieras
Mientras La Habana intenta reformarse, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA, acusándolo de desviar los recursos del país hacia la represión y el espionaje en lugar de servicios básicos como la electricidad.
Las medidas golpean directamente el corazón financiero y extractivo del régimen, afectando a entidades como:
- Banco Financiero Internacional S.A. y Rafin S.A. (activos financieros).
- Geominera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (recursos minerales y metálicos).
- Annalie Lilliam Rueda Cardero, familiar de Alejandro Castro Espín (hijo de Raúl Castro), cuyos bienes en EE.UU. han sido bloqueados.
Rubio advirtió que cualquier banco o empresa extranjera que mantenga relaciones con estas entidades se arriesga a sufrir consecuencias similares, con el objetivo de «cerrarle el grifo financiero» a la cúpula gobernante.
El mazazo del Tribunal Supremo: El caso ExxonMobil
A la presión del Departamento de Estado se suma un fallo histórico del Tribunal Supremo de EE.UU., que por seis votos contra tres, permitió que la petrolera ExxonMobil prosiga con una demanda multimillonaria contra la entidad estatal cubana Corporación Cimex.
El tribunal determinó que la Ley Helms-Burton de 1996 prevalece sobre la inmunidad soberana que usualmente protege a los Estados extranjeros. Esto abre la puerta para que ExxonMobil reclame compensación por la confiscación de una refinería y más de cien estaciones de servicio en 1960. Este precedente judicial es visto como un impulso para que otras corporaciones estadounidenses reclamen propiedades expropiadas tras el triunfo de la revolución en 1959.
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¿Reforma real o cortina de humo?
Pese al alcance de las nuevas medidas económicas, el Departamento de Estado de EE.UU. las ha calificado como una «cortina de humo», insistiendo en que no habrá un levantamiento del embargo sin cambios políticos profundos en la isla. Expertos internacionales cuestionan si los cubanos en el exterior se arriesgarán a invertir en un sistema que mantiene su estructura autoritaria, mientras figuras de la oposición, como Yoani Sánchez, consideran que estas reformas son «tardías e insuficientes» para un país donde la población ya «come basura en las calles».
Redacción equipo DHH.
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