Apenas 24 horas después de asumir la presidencia de la República de Colombia, el gobierno de Abelardo De La Espriella asestó su primer golpe de gran impacto contra las estructuras del crimen organizado en el país. El mandatario anunció, bajo la promesa de una política de «mano de hierro», la captura de Héctor Bastidas Bravo, alias «Bonito» o «Boni», señalado como el segundo cabecilla de la organización criminal conocida como «Comandos de Frontera».
08/08/2026. La detención se materializó en el municipio de Guamal, Meta, mediante un operativo de inteligencia militar ejecutado por el Gaula Militar en cumplimiento de una orden judicial. Con esta captura, el nuevo Gobierno busca enviar un mensaje contundente de restauración de la autoridad estatal en las regiones más golpeadas por la violencia. Para el Ministerio de Defensa, este arresto debilita de forma directa la coordinación de actividades criminales en el sur del país, afectando especialmente el control de los corredores estratégicos para el narcotráfico que conectan a Putumayo con las fronteras de Ecuador y Perú.
Un prontuario de dos décadas en la sombra
Alias «Bonito», nacido en mayo de 1975, cuenta con una trayectoria de cerca de 20 años en organizaciones armadas ilegales. Su historial delictivo incluye la fundación de la banda «La Constru» en Putumayo y un paso como segundo cabecilla de la «Segunda Marquetalia». Las agencias de inteligencia lo vinculan a procesos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y tráfico de armas, destacando su presunta responsabilidad en el asesinato de la gerente del Banco Agrario en Valle del Guamuez en 2013, extorsiones a ganaderos y comerciantes en Caquetá y Huila, y la quema de un autobús de transporte público en marzo de 2024.
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Reorganización carcelaria: El cierre de los «centros de operaciones»
Este primer golpe militar coincide con una de las directrices presidenciales más drásticas de De La Espriella: ordenar el traslado inmediato de 117 líderes criminales que estaban vinculados a las negociaciones de paz del anterior gobierno de Gustavo Petro. Estos cabecillas, que se encontraban recluidos en la cárcel de Itagüí, han sido distribuidos en diferentes prisiones de máxima seguridad del país para impedir que continúen coordinando delitos desde sus celdas.
Con la contundente advertencia de que «en la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos», la nueva administración fija una postura inquebrantable frente al crimen: la autoridad del Estado se respeta y la impunidad ha llegado a su fin.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
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