El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha exigido a 19 naciones de América Latina y el Caribe que abandonen de inmediato la Corte Penal Internacional (CPI). La sorpresiva demanda, formulada en Panamá durante un foro de seguridad regional, coloca a los gobiernos aliados de Washington en una compleja disyuntiva política y militar.
08/12/2026. Hegseth argumentó que el tribunal internacional de La Haya representa una «amenaza a la soberanía nacional». «Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC (Coalición de las Américas Contra el Narcotráfico) que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía», declaró tajantemente el jefe del Pentágono ante las delegaciones de defensa del hemisferio.
La sombra de ejecuciones extrajudiciales en alta mar
El trasfondo de esta fuerte presión diplomática no es casual. Coincide con la agresiva campaña militar que la administración de Donald Trump mantiene en el Caribe y el Pacífico oriental, donde bombardeos directos contra embarcaciones de narcotraficantes han cobrado la vida de unas 215 personas en 53 operaciones.
Mientras Hegseth defiende que estas incursiones han provocado una «caída récord» en el tránsito de cargamentos ilícitos, juristas y organizaciones de derechos humanos han encendido las alarmas. Expertos internacionales advierten que estos ataques armados podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una tipología de crimen que entra directamente bajo la jurisdicción investigativa de la CPI cuando los tribunales locales no actúan.
Hegseth rechazó frontalmente cualquier intento de fiscalización externa, acusando a «la izquierda internacional» y a ciertos sectores de la prensa de conspirar para someter al personal militar estadounidense y de sus aliados bajo el control de la Corte. «No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI», afirmó, fustigando además a los «organismos globalistas» por no actuar contra «verdaderos terroristas y verdaderos tiranos».
Un divorcio histórico que se profundiza
Estados Unidos nunca ha reconocido la jurisdicción de la CPI (creada en 2002) ni ha ratificado su tratado fundacional, el Estatuto de Roma, una postura que comparte con potencias como Rusia, China e India. Sin embargo, la brecha de Washington con el tribunal de La Haya alcanzó un punto crítico tras la aplicación de sanciones severas —como la prohibición de visados y el congelamiento de activos— contra jueces y fiscales de la Corte que investigaban presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
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La encrucijada latinoamericana
La exigencia de la administración estadounidense tensa al máximo la diplomacia en la región. La Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC), promovida por Washington como el eje contra el crimen organizado, agrupa a 19 estados latinoamericanos y del Caribe, incluyendo recientemente a Colombia, que formalizó su ingreso tras un giro político bajo su nuevo gobierno.
Ahora, estos países enfrentan un dilema de altísimo costo político: mantener su lealtad al sistema de justicia penal internacional —respaldado por más de un centenar de Estados— o desmarcarse de él para salvaguardar la cooperación militar y el financiamiento de seguridad que Washington ofrece a cambio de alineamiento absoluto.
Redacción equipo DHH sobre lectura de medios.
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