La narcocultura y la propaganda electoral arropa y mercantiliza a los influencers

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En el panorama mediático actual, la búsqueda de visibilidad en redes sociales se ha transformado en un activo tan valioso como el capital financiero. Esta dinámica ha llevado al crimen organizado a recurrir a creadores de contenido y «narcoinfluencers» para proyectar opulencia, normalizar la narcocultura y desplegar estrategias de propaganda y financiamiento que sustituyen la imagen clásica de la violencia explícita por narrativas de éxito digital.

09/08/2026. Paralelamente, la monetización de audiencias ha penetrado la política mediante la publicidad ideológica encubierta, donde partidos y candidatos pagan cuantiosas sumas a influencers para influir en campañas electorales sin transparentar el origen de los recursos. El presente análisis examina estas dos vertientes para comprender cómo la instrumentalización de la influencia digital está reconfigurando las estructuras de poder, la transparencia mediática y el negocio de las redes sociales.

El crimen organizado y los «Narcoinfluencers»: Opulencia, lavado y propaganda digital

Las estructuras del crimen organizado han modificado sustancialmente sus mecanismos para proyectar poder y atraer a nuevas generaciones. Frente al perfil criminal clásico asociado de manera directa con las armas y la violencia explícita, los grupos delictivos han hallado en el ecosistema digital un activo tan valioso como el dinero: la visibilidad masiva. Para las audiencias jóvenes, la promesa de éxito ya no se presenta únicamente a través del enfrentamiento armado, sino mediante la posibilidad de alcanzar estatus y opulencia en plataformas digitales.

En esta dinámica, la estética del lujo —vehículos de gama alta, ropa de diseñador, viajes y fiestas ostentosas— se convierte en contenido distribuible entre millones de usuarios. Los denominados «narcoinfluencers» actúan como los nuevos comunicadores sociales del crimen, operando como vehículos de propaganda sin necesidad de pertenecer formalmente a la estructura armada de un cartel. A través de publicaciones cotidianas o de entretenimiento, estos creadores ayudan a posicionar qué grupo domina un territorio, normalizan la narcocultura y difunden narrativas estratégicas con un alcance superior al de un mensaje criminal explícito.

Más allá del valor intangible de la propaganda, existe un interés financiero directo en el uso de creadores de contenido:

  • Lavado y retorno de capitales ilícitos: Recursos de origen criminal son destinados a la compra de bots, patrocinio de publicidad y sorteos de bienes de lujo para inflar artificialmente las cuentas. Este crecimiento súbito en métricas permite a los perfiles incrementar sus ingresos publicitarios legítimos en las plataformas, logrando que el dinero ilícito regrese blanqueado a través de los pagos de las empresas tecnológicas.
  • Fiscalización oficial: En México, las autoridades financieras investigan los movimientos de 64 creadores de contenido (principalmente del Estado de Sinaloa) ante alertas por repuntes repentinos de seguidores, entrega de recompensas y desajustes significativos entre el patrimonio exhibido y sus ingresos declarados.

Sin embargo, esta exposición pública representa un mecanismo de doble filo. En contextos de disputas armadas entre facciones criminales, la hipervisibilidad digital incrementa la vulnerabilidad física de los administradores de las cuentas. Muestra de ello es el asesinato de varios creadores en Sinaloa, destacando el caso de César Gastélum, de 25 años, ultimado en Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo a inicios de agosto.

La política y la publicidad ideológica encubierta: La mercantilización del voto

En la vertiente política, la captación de creadores de contenido ha abierto una vía para monetizar ideas, narrativas y posturas partidistas bajo el esquema de la publicidad encubierta. A diferencia de la publicidad comercial tradicional, que cuenta con marcos regulatorios y sanciones delimitadas, el patrocinio político en redes sociales opera en un amplio vacío legal.

El fenómeno, originado con fuerza en Estados Unidos y con proyección hacia otros mercados, consiste en el pago de elevadas sumas por parte de partidos y candidatos (tanto demócratas como republicanos) a influencers para manifestar apoyo ideológico o influir en contiendas electorales sin revelar que se trata de contenido pagado. En dicho contexto, plataformas como TikTok han resultado determinantes en la dinamización de la opinión pública y el apoyo a liderazgos políticos en procesos electorales masivos.

El análisis de casos específicos revela la magnitud económica de esta práctica:

  • Sueldos por influencia: El creador estadounidense Josh Greene (con más de 800.000 seguidores) ha recibido pagos directos e indirectos de al menos siete políticos —llegando a cobrar más de 20.000 dólares de un aspirante a la gobernación de California— por difundir mensajes alineados con sectores del Partido Demócrata.
  • Antecedentes comerciales: Esta traslación hacia lo ideológico sigue el patrón observado en el ámbito comercial europeo, donde entidades de vigilancia de medios han impuesto multas a creadores de gran escala (como Ibai Llanos o Jordi Wild) por camuflar campañas comerciales como opiniones sinceras.

El problema central radica en que la legislación actual de la mayoría de los países no exige la transparencia de los pagos políticos a creadores digitales, lo que permite que la transmisión de ideas políticas sea moldeada por el sesgo del dinero sin el conocimiento de la audiencia.

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El estado actual del negocio de los influencers

Desde la perspectiva del análisis de medios, el negocio actual de los creadores de contenido ha evolucionado desde la simple prescripción de productos hacia la gestión estratégica del poder, la estética y la opinión pública:

  1. Capitalización de audiencias como activo financiero y político: Una gran masa de seguidores constituye un activo con valor económico directo. Creadores con 600.000 seguidores pueden ingresar hasta 6.000 dólares por una sola publicación publicitaria en Instagram, en un mercado de marketing de contenidos que mueve cientos de millones de euros. Este alcance es utilizado tanto por marcas formales como por candidatos políticos y estructuras del crimen organizado para insertar sus mensajes de forma orgánica.
  2. Opacidad estructural e incertidumbre normativa: La frontera entre el contenido de entretenimiento legítimo, la publicidad comercial, la propaganda política pagada y el blanqueo de capitales delictivos es sumamente difusa. La falta de herramientas o auditorías continuas dificulta que el público o las autoridades distingan el origen de los ingresos o la sinceridad de las opiniones expresadas.
  3. Erosión de la confianza y escepticismo del consumidor: El uso sistemático de la publicidad encubierta ha generado un deterioro en la credibilidad de las plataformas. Las estadísticas reflejan que el 69,8% de los internautas percibe un abuso de la publicidad encubierta y un 61,9% considera que la mayoría de las publicaciones de los influencers tienen un carácter esencialmente publicitario.

En conclusión, la influencia digital se ha consolidado como un territorio donde la visibilidad se compra y se vende sin mayor trazabilidad. Ya sea financiada por presupuestos electorales o por economías ilícitas, la monetización de la audiencia ha transformado a las redes sociales en una herramienta transversal de control de la narrativa y financiamiento no regulado.

Redacción equipo DHH con ayuda de IA.

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