El pasado 27 de marzo de 2026 se formalizó una de las denuncias penales más devastadoras contra el empresario colombiano-venezolano Alex Naín Saab Morán. El documento, de 25 páginas, consignado ante el Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, describe una sofisticada «organización criminal trasnacional» que presuntamente defraudó al patrimonio público y vulneró el derecho a la alimentación de los sectores más empobrecidos del país a través del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
05/17/2026.
El fraude alimentario: hambre y engaño
La acusación, presentada por el comunicador Carlos Enrique Herrera Mendoza, sostiene que Alex Saab y sus socios, como Carlos Rolando Lizcano Manrique, utilizaron un intrincado «velo corporativo» para penetrar y beneficiarse financieramente del programa CLAP. A través de empresas como Salva Foods 2015, Group Grand Limited y Asasi Food FZE, el grupo habría obtenido contratos multimillonarios mediante ofertas fraudulentas.
Lo más alarmante del caso es la denuncia sobre la mala calidad de los alimentos. Según el expediente, el grupo de Saab introdujo al sistema nacional productos —especialmente leche en polvo y granos— que no eran aptos para el consumo humano y violaban las normas sanitarias COVENIN. Para ocultar esto, los denunciados habrían orquestado una simulación de calidad, enviando a la Universidad Central de Venezuela (UCV) muestras de productos de marcas reconocidas (como Polar) para que los análisis bioquímicos salieran positivos, mientras que el pueblo recibía alimentos con deficiencias nutricionales críticas. Este esquema no fue un error logístico, sino una herramienta para maximizar ganancias ilícitas a costa de la salud pública.
La captación de la oposición: La red de los «Alacranes»
El documento revela con pormenores cómo la influencia económica de Saab se extendió hasta la Asamblea Nacional de 2015. Se alega que, a partir de 2019, se instrumentalizó a un grupo de diputados opositores mediante pagos mensuales de entre 5.000 y 10.000 euros, además de bonos especiales de hasta 50.000 euros por gestiones específicas.
Estos parlamentarios, entre los que se mencionan a Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Adolfo Superlano, habrían emitido cartas de «buena conducta» para certificar falsamente que Saab no era testaferro y que sus empresas eran transparentes. La trama incluyó giras internacionales por Europa (España, Bulgaria, Liechtenstein, entre otros), donde los diputados, utilizando el sello de la Comisión de Contraloría, intentaron desbloquear cuentas bancarias privadas de Saab, pretendiendo que los fondos pertenecían a la República para la compra de medicinas y comida.
Un escenario político de «cero tolerancia»
La denuncia surge en un contexto político particular, posterior a eventos del 3 de enero de 2026, donde figuras del alto gobierno como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han manifestado un cambio de postura hacia la corrupción y una nueva relación de socios con los Estados Unidos. El denunciante afirma que, durante la gestión anterior de Tarek William Saab, estas acusaciones fueron sistemáticamente «engavetadas» para proteger al empresario.
Además de los delitos financieros, el escrito introduce el cargo de Traición a la Patria, fundamentado en la entrega de la soberanía alimentaria a intereses particulares y el uso del hambre como mecanismo de control político. Herrera Mendoza solicita formalmente:
- La aprehensión y captura inmediata de Alex Saab y Carlos Lizcano.
- El levantamiento del velo corporativo para que los directivos respondan con su patrimonio personal por los daños causados.
- La anulación de la nacionalidad venezolana otorgada a Saab, alegando que fue concedida de forma «exprés» e irregular.
- La colaboración plena con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus investigaciones contra la red.
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Amenazas y protección internacional
Dada la magnitud de las revelaciones, el denunciante asegura haber recibido amenazas de muerte destinadas a silenciar a los testigos que puedan incriminar a Saab en tribunales nacionales o internacionales. Por ello, ha solicitado medidas cautelares ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra.
Esta denuncia no solo expone un desfalco millonario, sino que revela una convergencia de intereses económicos que borró las líneas ideológicas entre el chavismo y ciertos sectores de la oposición, dejando a la población venezolana como la principal víctima de un sistema de corrupción transnacional.
Redacción DHH con ayuda de IA.
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