La sublevación militar en Bolivia fracasó, pero su acotada dimensión terminó de desnudar la debilidad del Gobierno de Arce, por un lado, y la interna con Evo que mina las principales instituciones del país vecino, por otro lado.  

06/28/2024. El intento de golpe de Estado de esta semana revivió por un par de horas los peores miedos de la sociedad y la dirigencia política de Bolivia, que aún tienen muy frescos los recuerdos del último y sangriento quiebre del orden constitucional en 2019. Durante ese breve tiempo, la defensa irrestricta de la democracia se impuso sobre todas las otras internas, broncas y reclamos (al menos públicamente). Pero cuando la verdadera dimensión de la sublevación quedó clara y el presidente Luis Arce pudo tomar juramento a un nuevo jefe del Ejército en la sede de Gobierno mientras el comandante saliente preparaba su retirada a solo unos metros de allí, el humor político cambió. Con el correr de las horas, el sector que responde al ex presidente Evo Morales, hoy el rival más acérrimo de Arce, fue endureciendo sus críticas y acusaciones hasta quedar claro que la crisis político-institucional, lejos de aflojar, se está profundizando. 

«El daño que se está ocasionando a la democracia con magistrados autoprorrogados, anulando funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa, y, de militares insubordinados; consolida al país en una situación de profunda crisis institucional del sistema democrático», tuiteó al día siguiente de la intentona el titular del Senado y líder cocalero cercano a Evo, Andrónico Rodríguez, dejando en claro que para su sector el Gobierno es, al menos, responsable político del escenario de debilidad político-institucional que permitió que un sublevamiento tan limitado pusiera en jaque al país durante unas horas. Poco después, Gerardo García, el vicepresidente del MAS -el partido dirigido por Morales- fue aún más duro: «Para nosotros fue un golpe planificado del Gobierno. Como habíamos denunciado, (el ahora ex jefe del Ejército Juan José) Zúñiga había declarado que había que matar o apresar a Evo. Bueno, ese plan ha fallado.» 

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Una interna que está minando a las instituciones de la democracia

La alianza Morales-Arce nunca estuvo libre de tensiones. Sin embargo, los roces y las diferencias se volvieron explícitas una vez que el MAS volvió al poder y Bolivia recuperó la democracia, a finales de 2020. Los reclamos y las críticas desde el evismo fueron escalando en el segundo año del Gobierno y para finales de 2022 ya parecía una crónica de un quiebre anunciado. El ex mandatario no sólo no conseguía consenso alrededor de su futura candidatura presidencial, sino que además consideraba que el Gobierno no avanzaba lo suficientemente rápido y con la suficiente fuerza contra los responsables del golpe que lo había destituido apenas tres años antes. La tensión y los frentes de conflictos se fueron acumulando hasta que encontraron un antes y después en diciembre de 2023. 

Primero, el Tribunal Constitucional prorrogó los mandatos de todos los jueces de las máximas cortes (en Bolivia son cargos electos) hasta que la Asamblea Legislativa consiga una mayoría para aprobar a los candidatos que luego enfrentarán las urnas. En otras palabras, en un parlamento que ya no tenía mayorías porque la bancada del MAS estaba definitivamente quebrada, la decisión no tenía plazo. Y, apenas dos semanas después y un día antes del fin de año, el mismo tribunal coló en uno de sus fallos una interpretación que, si el Tribunal Supremo Electoral -uno de los beneficiados por la prórroga de magistrados- la acepta, sepulta para siempre las aspiraciones electorales de Morales.

El evismo lo tomó como la declaración de guerra de Arce y, en consecuencia, comenzó un período de movilización y profundización de la crisis. Bloqueó parte del país durante semanas hasta que, en febrero, el Gobierno cedió y convocó a elecciones judiciales con un plazo máximo de septiembre próximo. Pero el parlamento seguía paralizado y, en paralelo, la crisis económica seguía empeorando, empujada por la falta de dólares, el crecimiento de una brecha con la versión boliviana del blue y la escasez cada vez más evidente de algunas importaciones, como medicamentos y, principalmente, combustible.

Esto abrió otros frentes de conflicto sectoriales a los que Arce no logró dar respuesta o, en el mejor de los casos, ofreció algunos paliativos que rápidamente se agotaban como autorizar la venta de reservas de oro, flexibilizar las exportaciones -hasta ahora limitadas por la cobertura previa de la demanda interna- y la baja de subsidios en combustibles a través de subastas en las que YPF-B ya no controlaba el precio. «De forma permanente, el Gobierno boliviano ha arengado y convocado a los militares a evitar protestas legítimas frente a la crisis económica y la desinstitucionalización del Estado Plurinacional», había denunciado el MAS el miércoles, en el mismo comunicado en el que había condenado «los actos sediciosos y golpistas» d Zúñiga. 

No obstante, la última cifra oficial es que las reservas eran 1.700 millones de dólares, un piso mínimo comparado a los 15.000 millones de dólares que había en 2014. 

Sin encontrar -o buscar- una solución a la cada vez más virulenta interna con el evismo y sin iniciativas que realmente puedan destrabar la crisis económicas, a principio de este mes, aprovechando que Arce se encontraba en una visita de Estado en Rusia y su vice, David Choquehuanca, ocupaba la Presidencia de Bolivia , el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó una sesión y consiguió una mayoría junto a la oposición de derecha para suspender la prórroga de los jueces de las máximas cortes. La legalidad de la votación -que se concretó casi a oscuras y pese a que el edificio venía de ser fumigado- fue cuestionada y, de esta manera, la Asamblea Legislativa terminó de completar un preocupante escenario de debilidad institucional, en el que la legitimidad de las decisiones de los tres poderes del Estado están siendo fuertemente cuestionadas por alguno de los principales actores del país. 

En este contexto de empate de fuerzas en Bolivia, en el que ninguno de los tres poderes del Estado tiene legitimidad o fuerza suficiente como para avanzar sus decisiones, y sumido en una crisis económica que desnuda aún más la debilidad o incapacidad de sus dirigentes, el país avanzaba hacia unas elecciones generales de 2025. A la interna entre Evo y Arce se sumaba además una atomización de la derecha tradicional y el encarcelamiento de la extrema derecha que supo robarse el Estado durante un año con la dictadura de Jeanine Añez.

Redacción DHH con información de eldestapeweb.com