A solo tres días del balotaje presidencial del domingo 25 de octubre en Brasil, la contienda electoral entre el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flávio Bolsonaro se encuentra en un inédito empate técnico con el 50% de las intenciones de voto, según la última encuesta del instituto Datafolha. Tras sufrir un revés en la primera vuelta del 4 de octubre —donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro lideró los resultados con el 47% frente al 45% del mandatario—, la izquierda ha logrado remontar a través de intensas movilizaciones en las calles y redes sociales para recortar la desventaja del 48% que registraba hace dos semanas. La encuesta más reciente de la firma Quaest confirma la máxima paridad del escenario, asignando un 45% de los sufragios totales a Bolsonaro y un 44% a Lula.
10/23/2026. Para revertir la ventaja inicial de su contendor y buscar un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años frente a un rival de 45 años, Lula ha desplegado un voluminoso paquete de medidas asistenciales y de alivio económico con un alto costo fiscal. La estrategia gubernamental incluye un incremento del 15% en las transferencias del programa Bolsa Família —lo que representa 5.800 millones de reales (1.200 millones de dólares) para beneficiar a casi 50 millones de personas—, junto con la histórica aprobación legislativa para recortar la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales (de 6 a 5 días) sin reducción salarial.
Asimismo, el Ejecutivo impulsó alivios de deuda y facilidades de crédito para pequeñas empresas por 3.000 millones de reales (600 millones de dólares), la exención temporal de impuestos a la gasolina combinada con subsidios al diésel por 5.200 millones de reales (1.000 millones de dólares), y una propuesta legislativa para implementar el transporte público gratuito durante los fines de semana, con un costo estimado de hasta 16.000 millones de reales.
Además de los debates sobre la delincuencia, la corrupción y la sostenibilidad del gasto estatal, la elección ha quedado marcada por una alta tensión internacional tras denuncias de injerencia por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El equipo de Lula acusa a Washington de articular medidas diplomáticas y comerciales para favorecer la candidatura del senador Bolsonaro, destacando la revelación del periódico O Estado de S. Paulo sobre un documento oficial de la Casa Blanca.
En dicho escrito, la diplomacia estadounidense condicionaría la rebaja de aranceles comerciales a Brasil a la liberación de «disidentes políticos», exigencia que el gobierno brasileño interpreta como una presión directa para excarcelar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años de prisión por conspirar un golpe de Estado tras los comicios de 2022. En este polarizado contexto, donde la aprobación de la gestión de Lula (49%) vuelve a superar a su desaprobación (48%) por primera vez en meses, los electores acudirán a las urnas para decidir entre la continuidad del modelo social de la izquierda y el retorno del conservadurismo alineado con Washington.
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