El anuncio de lo que la Casa Blanca calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia» marcó un giro radical en las relaciones entre Washington y Venezuela. Tras una incursión militar ejecutada en enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a los tribunales de Nueva York, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez dio luz verde a una alianza estratégica de alcance multinacional.
10/22/2026. Sin embargo, el contenido real del compromiso permaneció bajo estricta confidencialidad hasta que una investigación periodística de ProPublica sacó a la luz el documento clasificado de 18 páginas, firmado formalmente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El texto revela una arquitectura legal e industrial diseñada minuciosamente para favorecer las prioridades energéticas de Estados Unidos, relegando a un plano marginal el control soberano y los beneficios económicos directos para la población venezolana.
Las cláusulas: petróleo a precio de remate y control militar
En el corazón del entramado corporativo se encuentra la adquisición, por parte del gobierno estadounidense, de una participación del 35% en la sociedad matriz de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), constituida en la jurisdicción offshore de Barbados. Esta compra de acciones la ejecuta directamente el Pentágono a través de su Oficina de Capital Estratégico por el precio simbólico de un centavo por acción. A cambio de esta posición, Estados Unidos asegura el derecho exclusivo de comprar el 20% de la producción petrolera de la empresa a un precio fijo de 30 dólares por barril, cifra que representa menos de un tercio de la cotización internacional de mercado. Adicionalmente, Washington obtiene prioridad de compra sobre la totalidad del crudo restante durante medio siglo y la facultad de requisar el 100% de la producción si declara una emergencia nacional. Un detalle técnico fundamental es que el precio fijado de 30 dólares no incluye el costo de los diluyentes ligeros que deben importarse y mezclarse en una proporción cercana al 20% para que el denso petróleo venezolano pueda fluir por los oleoductos.
El espejismo de los 200.000 millones y la justicia de Texas
A pesar de las declaraciones públicas del Ejecutivo estadounidense, que prometían ingresos por 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías para las arcas de Venezuela, el examen del contrato revela que no existe ninguna cláusula jurídicamente vinculante que garantice el desembolso de dicho monto. El pacto elimina cualquier representación del Estado venezolano en la junta directiva de la operadora y estipula que las decisiones operativas no requerirán la aprobación de Caracas. En el plano legal, el acuerdo establece que toda disputa contractual entre las partes se resolverá exclusivamente bajo la legislación de Estados Unidos ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, anulando de facto la jurisdicción de los tribunales venezolanos.
¿Quién es Alejandro Betancourt y por qué desata tantas alarmas?
El aspecto más controversial del pacto es la ratificación como consejero delegado de Alejandro Betancourt, un magnate energético de 46 años etiquetado popularmente como uno de los «bolichicos» más prominentes, término aplicado a los empresarios que amasaron fortunas multimillonarias mediante contrataciones con el Estado durante el mandato de Hugo Chávez. La figura de Betancourt genera hondo rechazo en la sociedad venezolana debido a su vinculación con el desfalco del sistema eléctrico nacional, donde se desembolsaron sumas astronómicas por plantas termoeléctricas que nunca llegaron a funcionar de forma eficiente, desencadenando la crisis de apagones que aún padece el país. Asimismo, el empresario ha figurado como sujeto de investigación por presunto blanqueo de capitales en tribunales de Estados Unidos, Suiza y España en el marco del caso de corrupción conocido como Operation Money Flight, habiendo cumplido arresto domiciliario en el Reino Unido. Por su parte, el documento fue cofirmado en representación de la matriz por Orlando Alvarado, exdirector financiero de Betancourt señalado por fiscales estadounidenses como co-conspirador no incriminado en tramas de malversación contra la estatal PDVSA.
Lea aquí el reportaje completo de ProPublica: The Secret Terms of Trump’s Venezuelan Oil Deal — ProPublica
La conveniencia pragmática: por qué Washington eligió a un controvertido magnate
La inclusión de Betancourt despertó duras críticas de líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado y cuestionamientos de diplomáticos de carrera como el exembajador James Story, quienes han exigido explicaciones en el Congreso norteamericano sobre los motivos para beneficiar a un personaje con tales antecedentes. No obstante, analistas e historiadores explican que la elección respondió a un cálculo estrictamente pragmático: ante la cautela de las grandes multinacionales petroleras para invertir en el país tras años de expropiaciones, la empresa de Betancourt poseía infraestructura activa con capacidad para producir de forma inmediata cerca de 200.000 barriles diarios. Además, la compañía disponía de las redes de contactos locales y el conocimiento operacional de las dinámicas internas del régimen, convirtiéndose en el vehículo ideal para estructurar las garantías que exigía el Pentágono. En este marco, altos cargos del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia gestionaron ante autoridades extranjeras el levantamiento de restricciones de viaje a Betancourt, mientras que Marco Rubio defendió públicamente la alianza argumentando que el empresario no mantiene acusaciones formales activas en EE. UU..
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Un blindaje corporativo a 15 años que ata de manos a futuros gobiernos
Para blindar la operación frente a posibles turbulencias políticas, el acuerdo establece un consejo de administración compuesto por siete miembros, con mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designable por Washington. Alejandro Betancourt quedó blindado en la jefatura ejecutiva, de la cual solo podrá ser removido mediante una votación calificada de cinco de los siete directores. La estructura directiva inicial tiene un mandato fijado por 15 años, un diseño institucional pensado para evitar que eventuales cambios de gobierno, tanto en la Casa Blanca como en el Palacio de Miraflores, puedan alterar o revertir las condiciones pactadas. Al amparo de la legislación de Barbados, que mantiene en secreto la identidad de los inversionistas privados de la firma matriz, el acuerdo consolida un esquema de explotación donde el principal recurso energético venezolano queda supeditado al control estratégico y a los precios preferenciales fijados por Washington para las próximas décadas.
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